Por Jennifer Miranda Barrera, alcaldesa de Granadilla de Abona.| El Estado del bienestar, construido desde la acción de los poderes públicos atendiendo a las demandas de nuestra sociedad, se asienta en pilares básicos, uno de los cuales es, sin duda, la educación pública. Este derecho fundamental consagrado en la Constitución no puede ser un mero deseo de la sociedad con eco lejano en los gobiernos, sino una realidad efectiva y, para ello, las Administraciones competentes están obligadas a llevar a cabo las acciones ejecutivas tendentes a su garantía efectiva.
Escribo desde el sur de Tenerife y más concretamente desde el municipio de Granadilla, como ciudadana preocupada, pero también con la responsabilidad de ostentar la Alcaldía del municipio desde junio del presente año, es mi deber conocer y atender los problemas que se presentan en la realidad social y, por eso, tomo la palabra para denunciar la situación en que se encuentra ese bien del que les hablaba antes, el derecho a la educación.
La comunidad educativa organizada lleva ya años llamando la atención sobre la situación de saturación, e incluso colapso, de los centros educativos públicos en el municipio de Granadilla y en el Sur. Esta comarca es la zona de Canarias con mayor nivel de concentración de estudiantes. Es el punto negro de nuestra región. El crecimiento poblacional del sur de Tenerife es una consecuencia inexorable del crecimiento económico de esta zona de la Isla que ha demandado cada vez mayor número de trabajadores y trabajadoras que, como es normal, desean residir en zonas cercanas a sus centros de trabajo. Estos trabajadores y trabajadoras tienen hijos e hijas en edad escolar.
Acerca de la insuficiencia histórica y ahora acelerada de los recursos educativos, pongo como ejemplo la reciente inauguración del IES Parque de La Reina después de más de veinte años de una comunidad educativa ubicada en unos “barracones” y que comienza su andadura con instalaciones ya saturadas y con equipamiento antiguo. Un ejemplo palmario de deficiente gestión pública.
En mi municipio, tenemos como ejemplo más llamativo el del IES Magallanes, cuyo número de estudiantes no ha dejado de crecer y cuyas instalaciones saturadas han ido perdiendo espacios destinados a usos complementarios reconvertidos en aulas, generando una situación de masificación que empobrece la calidad educativa y resta medios a los docentes que hacen un extraordinario esfuerzo con los recursos que están a su disposición.
La comunidad educativa, consciente de esta realidad, ha comenzado a manifestarse. Sin ir más lejos, ayer 10 de octubre, el alumnado y el profesorado del IES Magallanes se ha manifestado en las puertas de su centro reclamando al Gobierno de Canarias soluciones urgentes. Jóvenes que se niegan a seguir hacinados, que están cansados de sacrificar bibliotecas, laboratorios y espacios libres para instalar barracones. Otra vez barracones.
En Granadilla de Abona las necesidades están sobradamente identificadas por la propia Consejería de Educación: un nuevo CEIP en Charco del Pino, un nuevo CEIP en El Médano, un nuevo IES y un nuevo CEIP en San Isidro, un nuevo centro de Formación Profesional en Granadilla y un nuevo IES en Los Abrigos. Estas actuaciones no son las óptimas para resolver el problema, sino las mínimas imprescindibles para resolver la situación de crisis educativa que vivimos.
Granadilla y el sur de Tenerife reivindica y exige actuaciones urgentes y planificación y previsiones presupuestarias inmediatas. Granadilla y el Sur de Tenerife llaman la atención de todos los canarios y las canarias sobre la necesidad de atender adecuadamente uno de nuestros bienes públicos más preciados, la educación.
El sur de Tenerife ha sido durante años objeto de las más diversas polémicas, y algunas de ellas han tenido a mi municipio, Granadilla de Abona, como protagonista a veces indeseado. El Puerto Industrial, el Circuito del Motor o la segunda pista del Aeropuerto Sur, han sido algunas de las más sonadas. Pero la realidad de Granadilla, como la del resto de la comarca sur, es bien distinta. El debate sobre estas infraestructuras ha opacado otras necesidades, mucho más imperiosas, y que sí afectan directamente a nuestra vida.
Es hora de dejar de hablar de infraestructuras cuyo debate resulta estéril, inadaptado a los tiempos y que no redundan en el beneficio real de la ciudadanía (a las vueltas del debate, treinta años más tarde, sobre el puerto de Fonsalía, sobre circuitos que no llegan, sobre infraestructuras que ponderan la especulación por encima del bienestar). Ha llegado el momento de debatir, de planificar y de actuar en materias que realmente cambiarán nuestro futuro y el de nuestros hijos. Pongamos la educación y sus infraestructuras en el centro del debate y del presupuesto canario.