El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2024, el primero de la undécima legislatura. Tal y como se había venido deslizando, se aplazan las reducciones fiscales para ayudar a las empresas y las familias a la espera de que se despejen las “incertidumbres políticas y económicas” y debido a la infradotación del “coste real” de los servicios esenciales. Previamente, en esta misma sesión, se fijó un límite de gasto no financiero de 11.301 millones de euros, 1.120 millones de euros más respecto a 2023 (+11%).
En la rueda de prensa posterior, la consejera de Hacienda y Relaciones con las instituciones de la Unión Europea, Matilde Asián, resaltó el “enorme reto” que ha supuesto la elaboración de las cuentas públicas -y no prorrogar las vigentes- en un momento de “dificultades motivadas principalmente por el desconocimiento de las magnitudes relevantes” por parte del Ejecutivo central en funciones y la previsible vuelta a las reglas fiscales, que “condicionan la optimización de los recursos públicos”. El anteproyecto “responde a la búsqueda de estabilidad económica y financiera”, reseñó Asián. “Lo hemos logrado con una visión de sensatez y realidad que hemos plasmado en estas cuentas públicas que sirven para sentar las bases de la Canarias de futuro que queremos y merecemos, con prioridad absoluta, a los servicios fundamentales”, dijo.
El Servicio Canario de la Salud crece en 576 millones de euros sobre el presupuesto inicial de 2023 (+15%). La subida en Educación se sitúa en el 4,42%, con 89 millones de euros más, y en Bienestar Social será de 33 millones de euros, un 4,93% respecto al presupuesto inicial de 2023. “Casi dos terceras partes del incremento presupuestario se destinan a estas tres áreas de servicios esenciales”, recalcó la consejera.
Asián incidió en que este proyecto es “riguroso y se ajusta a las reglas de estabilidad previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que previsiblemente se retoman en 2024 al desactivarse la cláusula de salvaguardia aplicada en los últimos cuatro años. Una vez que se conozcan con exactitud los recursos disponibles y las reglas, “se reforzará en determinadas áreas” y “se podrá acometer una rebaja progresiva del IGIC, que, por ahora, experimenta ajustes técnicos” con reducciones de tipo para el transporte de viajeros en una isla, equipos médicos e instrumental para personas con discapacidad, pañales para bebés y mayores, servicios veterinarios o en el gasóleo para calderas y hornos afectos al desarrollo de actividades industriales.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas