tribuna

El gran caos de la vivienda en Canarias

Por Miguel Ángel Gutiérrez. Los tiempos que vivimos traen consigo cambios disruptivos importantes y, aunque creamos que se implantan poco a poco en la sociedad, en los últimos cinco años han provocado, entre otras variables, que se haya duplicado el precio de la vivienda de alquiler y un descontrolado incremento medio del 30% en las transacciones de compraventa de inmuebles. Los cambios tecnológicos han propiciado que distintas plataformas y aplicaciones digitales líderes en el mercado internacional vacacional hayan captado más de 80.000 viviendas destinadas a alquiler convencional en los últimos dos años. Sólo en la isla de Tenerife, unos 18.000 apartamentos han dejado de ser ofertados.


Estos emplazamientos están ahora en un mercado más competitivo, aunque a ningún potencial cliente le preocupe su legalidad, licencia de actividad, estar al día en obligaciones tributarias, o que el personal encargado del mantenimiento esté legalmente contratado. Es obvio que, al comparar precios con establecimientos turísticos tradicionales, perfectamente reglados, el cliente final opta en su mayoría por elegir viviendas y casas particulares, ignorando voluntariamente si estos pudieran estar incurriendo en fraude de ley. También es cierto que, en la oferta de este modelo alojativo, hay una minoría que cumple a rajatabla con sus obligaciones de explotación comercial. En los últimos años se han retirado en Canarias decenas de miles de viviendas del alquiler tradicional, lo que ha provocado que en gran medida se hayan duplicados los costes de rentar un inmueble. A este extremo hay que añadir otro elemento fundamental: La escasez de vivienda nueva provoca incluso la paradoja de que la escasa oferta del mercado suele ser adquirida como inversión y a su vez destinada al negocio del alquiler vacacional. También ha influido en el mercado del alquiler el temor al fenómeno de ocupación ilegal de viviendas, a los prolongados trámites judiciales para su liberación, y a los elevados costes que implica toda esta tramitación.


Otra lectura evidente de esta preocupante retirada de viviendas de alquiler convencional del mercado es su negativa influencia en la emancipación de las nuevas generaciones, que claramente no tienen opciones sencillas para a la adquisición de un inmueble, dada la política conservadora y garantista de la banca en nuestro país y ahora, además, se les complica sobremanera la posibilidad de alquilar un espacio para vivir.


Cabe destacar en este asunto la pasividad de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, de los ayuntamientos, y también de Fepeco, la patronal de la construcción de la provincia tinerfeña. Canarias cuenta con un Plan de Vivienda (VPO) abandonado hace 8 años, claramente desactualizado con precios inviables en la actualidad para cualquier constructor o promotor. Para afrontar con perspectiva y realismo esta grave problemática resulta necesaria una urgente colaboración entre los organismos públicos y la empresa privada. El sector de la construcción y promoción requiere de la implicación de las distintas administraciones para estudiar medidas acordes a los tiempos que vivimos. Casi hemos consumido el primer cuarto de siglo del nuevo milenio, y aún Canarias sigue guiada en materia de vivienda con planteamientos vetustos y totalmente fuera de contexto con la nueva realidad que se ha impuesto. Confiemos que el sentido común también aterrice en este entorno vital para nuestra sociedad y para nuestra maltrecha economía. De lo contrario, este fenómeno seguirá pasando factura a una gran parte de familias canarias y condicionará de forma poco halagüeña el futuro de nuestros descendientes.

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