Una vez más, la supuesta solidaridad del resto de las comunidades autónomas con el drama que sufre Canarias respecto a la crisis humanitaria que implica sufrir el peor año de la historia en la ruta atlántica tiene como límite algo tan prosaico como el dinero. Así se volvió a demostrar ayer con motivo de la celebración de la Conferencia Sectorial de Inmigración en cuanto al acuciante problema de los menores no acompañados, una competencia de la autonomía a donde llegan y que ha obligado a las Islas a destinar una cantidad ingente de dinero y medios materiales para su correcta acogida.
Al menos, el Gobierno de España se está mostrando a la altura y comparte con las autoridades isleñas que, visto que dicha solidaridad solo existe realmente en los papeles, se ha comprometido a realizar cambios sustanciales en la legislación vigente parra poner fin a este orden de cosas.
Fue la propia consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien reconocía ayer que ninguna comunidad autónoma se ha negado “nunca” a acoger a menores migrantes que llegan solos a las costas canarias, sino que demandan “más fuentes de financiación” del Estado para darles una atención y acogida adecuada.
En declaraciones a los medios al término de la sectorial de Inmigración celebrada ayer en Madrid y transcritas por la agencia Efe, Delgado confirmó que al menos se avanzó en la referida propuesta para modificar la ley del menor de forma que se pueda hacer “una distribución de manera más corresponsable” de los niños migrantes entre las distintas comunidades.
Para comprender lo delicado de la situación, hay que saber que Canarias tutela en estos momentos a 4.391 niños y adolescentes extranjeros no acompañados, más del doble de los que tenía a su cuidado antes del pasado verano, y lleva años reclamando una reforma legal que obligue al Estado y al resto de autonomías a compartir esa responsabilidad porque los mecanismos voluntarios de solidaridad, sencillamente, no funcionan.
Apuesta
Por ello, tanto la ministra de Migraciones, Elma Saiz, como el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, no dudaron en apostar ayer por la necesidad de dicho cambio legislativo, que, además, figura en la llamada Agencia Canaria pactada entre el PSOE y Coalición Canaria a cambio de que la diputada nacionalista, Cristina Valido, votase a favor de la candidatura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.
En pos de avanzar en tal dirección, al menos la reunión de ayer sirvió para crear un grupo de trabajo para ponerse manos a la obra en esa reforma, algo con lo que “están de acuerdo las comunidades autónomas”, detalló Delgado. A tal fin, será en el próximo mes cuando se convoque la comisión sectorial de Infancia y Familia para empezar a trabajar en el reparto voluntario de menores entre territorios para 2024 y al que se van a destinar más fondos, según desveló la directora general de Infancia, Lucía Losoviz.
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