Un total de 93 familias de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, han denunciado este jueves ante el Diputado del Común que se enfrentan a desahucios inminentes tras haberles notificado que debían abandonar sus viviendas en febrero de 2024.
Las familias, según informa el Diputado del Común en un comunicado, aseguran que Visocan les impide regularizar sus contratos de alquiler.
La representante de las familias que contaban con un contrato de alquiler con el anterior propietario, Yurena Rodríguez, asevera que tras recibir el aviso de desahucio se les ofreció la posibilidad de regularizar un nuevo contrato de alquiler y gestionar las deudas pendientes de algunos vecinos, pero Visocan se niega a llegar a un acuerdo.
Como portavoz de las familias vulnerables que no disponían de un contrato formalizado a fecha de 2019, Raquel García, denuncia que cuando comenzó el proceso de desahucio se les emplazó a entregar documentación a una ONG que actuaría de mediadora pero, a día de hoy, continúan sin haber regularizado su situación, agrega la nota.
Las representantes de estos colectivos trasladaron al Diputado del Común su preocupación ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias, que no disponen de ninguna alternativa habitacional.
El Diputado del Común afirmó que se dirigirá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer qué ayudas al alquiler se han comprometido a aportar para los vecinos que tienen contrato, y a Visocan para conocer su disposición a formalizar un nuevo contrato de alquiler a partir de febrero.
Además, se comunicará con Visocan para hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los casos de las familias que no disponen de un contrato.
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