El diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió ayer con representantes de 50 familias afectadas que se enfrentan a desahucios inminentes en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, tras haber recibido un aviso por parte de Visocan de que debían abandonar sus viviendas en febrero de 2024, cuando no han podido regularizar sus contratos de alquiler con la empresa propietaria.
Yurena Rodríguez, representante de las familias que contaban con un contrato de alquiler con el anterior propietario, expuso que tras recibir el aviso de desahucio se les ofreció la posibilidad de regularizar un nuevo contrato y gestionar las deudas pendientes, pero Visocan “se niega a llegar a un acuerdo”.
La portavoz de las familias vulnerables que no disponían de un contrato formalizado en 2019, Raquel García, dijo que cuando comenzó el proceso de desahucio se les emplazó a entregar documentación a una ONG que actuaría de mediadora pero, a día de hoy, continúan sin regularizar su situación, cuando no disponen de ninguna alternativa habitacional.
El diputado del Común afirmó que se dirigirá al Ayuntamiento capitalino para conocer qué ayudas al alquiler se han comprometido para los vecinos y a Visocan para conocer su disposición a formalizar un nuevo contrato de alquiler a partir de febrero y hacer un seguimiento de cada uno de los casos.
Por su parte, Visocan negó haber interpuesto demanda de desahucio a ninguno de los 50 inquilinos de Añaza con contrato de alquiler con el anterior propietario que no han querido regularizar su situación y tildó de “incierta” la información ofrecida por el Diputado del Común.
Destacó que en reiteradas ocasiones ha intentado que los 50 inquilinos con contrato de alquiler con el anterior propietario regularicen su situación, y recordó que “compró las 358 viviendas de Añaza en 2019 y el 75% de los vecinos ya ha suscrito el arrendamiento”.
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