Por Olivia Fletcher Nickeas. El año 2024 marca el comienzo de la entrada en la edad de jubilación para la generación “Baby Boomers”, los nacidos en el período 1946-64 en EE.UU., aunque en España se considera el período 1958-75. Un momento histórico que plantea desafíos inminentes para las pensiones públicas y el gasto gubernamental. Esta generación, caracterizada por un fenómeno demográfico sin precedentes, ha sido testigo de alrededor de 14 millones de nacimientos, una cifra que supera en 4,5 millones a la registrada en la generación siguiente.
La situación planteada ha generado, una vez más, reflexiones acerca de la sostenibilidad de las pensiones públicas, ya que durante los próximos 17 años enfrentaremos una disminución de contribuyentes frente a un aumento de personas jubiladas. Según las proyecciones de Eurostat, España se sitúa como el país de la Unión Europea con el mayor crecimiento poblacional desde 2019 hasta 2050, migrando del séptimo al tercer puesto con el gasto en pensiones más alto entre los países que conforman la UE.
Para hacer frente a la constante subida del gasto en pensiones, se ha incorporado el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que consiste en una cotización adicional a la Seguridad Social del 0,6% (en torno al 80% aportado por las empresas y el restante por los trabajadores). Estos ingresos se destinarán al Fondo de Reserva de las pensiones (conocida como la hucha de pensiones), que ha estado en un déficit constante desde 2016 hasta la incorporación de este ingreso adicional en 2023. Resulta esencial destacar que el MEI no se quedará estático, sino que irá incrementando un 0,1% anual hasta llegar al 1,2% en 2029.
A pesar de que España se considera una de las naciones con pensiones públicas más generosas, el informe de “Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023” revela una preocupante falta de sostenibilidad, posicionándola en el puesto 44 de 47 países analizados en esta categoría. Este estudio revela que existen excesivas carencias y riesgos en el sistema de pensiones público que deben ser abordados para garantizar la estabilidad a largo plazo para la población española.
Frente a esta incertidumbre sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas, los planes de pensiones individuales (PPI) siempre se han erigido como una opción a considerar para poder abordar la jubilación. Estos productos de ahorro a largo plazo están diseñados para complementar la pensión pública, con vistas a mejorar el estilo de vida y poder adquisitivo a partir de la etapa de la jubilación. La elección del PPI adecuado, en la medida en que existe en España una amplia gama de productos de inversión, siempre resulta aconsejable apoyarse en asesores profesionales independientes para dicho cometido. Cabe recordar, que los PPI , más allá de la rentabilidad que generen, ofrecen desgravaciones fiscales y la posibilidad de decidir quiénes resultarían como beneficiarios en caso de fallecimiento.
Por otro lado, los planes de pensiones de empleo (PPE) permiten a los trabajadores, al igual que las PPI, complementar su pensión pública con un ahorro privado. En este caso, son las empresas las que realizan las contribuciones en nombre de sus empleados, y existe la posibilidad de aportaciones voluntarias por éstos. Su punto fuerte está en las ventajas fiscales que caracterizan a este tipo de plan, y es que el empleado reduce su base imponible en el IRPF las aportaciones realizadas al PPE, considerándose retribución en especie. En el caso de los autónomos, resulta más beneficioso aún, pues las deducciones son superiores si escogen invertir en un PPES (Plan de Pensiones de Empleo Simplificado).
En este contexto de transformación demográfica (envejecimiento poblacional, que además es un fenómeno global de los países desarrollados) y ajustes en las pensiones públicas, la inversión en planes de pensiones individuales y/o de empleo se presenta como una estrategia óptima para abogar por una jubilación más segura y estable. Ante las reformas continuas y la incertidumbre inherente al sistema de pensiones públicas español, resguardarse de posibles riesgos se torna aún más crucial cuando hablamos de salvaguardar nuestro futuro financiero. Consultar con un asesor financiero regulado puede proporcionar una guía personalizada para tomar decisiones informadas y optimizar las estrategias de planificación para la jubilación.
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