Vecinos y vecinas de Santa Úrsula se oponen a la apertura de un centro para menores migrantes en el casco del municipio, una posibilidad que se contempla desde el Gobierno de Canarias pero que “todavía no está decidida”, aclaran fuentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.
Se ubicará en el número 5 de la calle Rambla Doctor Pérez, en varios de los locales del edificio María Victoria, donde hasta el 16 de febrero y durante 19 años se desarrolló la actividad de gimnasio. Los propietarios del inmueble fueron notificados hace apenas diez días por la Comunidad de este “proyecto de integración social”, después que el dueño le trasladara el destino que iban a tener los mismos.
“En las instalaciones se va a desarrollar un proyecto de integración social llevado a cabo por una asociación que pertenece al proyecto de integración social de inmigración del Gobierno tanto nacional como de Canarias”, reza la misiva a la que tuvo acceso DIARIO DE AVISOS.
Asimismo, añade que para el desarrollo del mismo “se contratará personal de limpieza, seguridad durante 24 horas, y educadores sociales”.
Sin embargo, desde la citada consejería se insiste que “es una opción como hay otras, pero no está cerrada”.
Son muchos los vecinos y vecinas que se muestran disconformes y preocupados con este proyecto, que sigue sin contar con una confirmación oficial por parte de las administraciones. Tampoco con la más cercana, el Ayuntamiento, pese a que según la junta de gobierno y la administración de la propiedad, debe ser la que autorice este tipo de servicio social.
En este sentido, desde el grupo de gobierno manifiestan “que no les consta por ninguna vía oficial que esta acción esté prevista y por lo tanto, niegan la afirmaciones que se han vertido a través de diferentes canales”.
Asimismo, la Corporación municipal se mantiene a la espera de cualquier novedad o notificación de las administraciones competentes en este caso.
A muchos vecinos y vecinas les cuesta creer las palabras vertidas por el Ejecutivo local porque han sido testigos en los últimos días “de la entrada de mobiliario y enseres al lugar”, aseguran, y le reprochan a sus responsables que no se hayan pronunciado sobre este asunto ni les hayan dado información al respecto.
Por otro, cuestionan que sea el emplazamiento más idóneo al no estar ubicado en el área metropolitana, “que ofrece más facilidades de transporte y oportunidades de trabajo y formación”.
Recogida de firmas
Por esta razón, la pasada semana se inició una recogida de firmas en la plataforma change.org para oponerse a su instalación y que “no llegue a ser realidad”, y hasta ayer por la tarde tenía 331 apoyos.
Desde la Junta de Gobierno de la Administración aclaran que “si dicha instalación cuenta con los permisos municipales oportunos se podrá desarrollar”, dado que además, la Comunidad de Propietarios “no tiene capacidad alguna para limitar, regular o impedir tal instalación en una propiedad privada, siendo potestad municipal y/o del Gobierno de Canarias”.
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