Ascav y administradores de fincas critican el anteproyecto de las viviendas vacacionales

Como no podía ser de otra manera, el anteproyecto de ley para regular el uso turístico de la vivienda en Canarias cada vez centra más el debate político y social en las Islas. Frente a la iniciativa de la consejería de Turismo con un anteproyecto de Ley que releve al fin con un afán garantista el Decreto de 2015, tanto la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) como el Colegio de Administradores de Fincas de Canarias postularon ayer sus reparos al respecto. Eso sí, mientras la Ascav apuesta por el frente judicial, los colegiados aludidos abogan más por una solución negociada.

Así, la Ascav ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Canarias ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5.000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura ley de viviendas vacacionales.

La asociación muestra documentación que prueba que, el pasado 7 de diciembre, solicitó a la consejería una copia íntegra de las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública. En cambio, la consejería negó el acceso a esas alegaciones, esgrimiendo un motivo que -sostiene la Ascav- “ni siquiera está previsto en la ley de transparencia: que no se dispone de medios suficientes para realizar tareas de anonimización de las citadas aportaciones, cuando lo cierto es que las alegaciones se presentaron por la ciudadanía a través de internet, distinguiéndose separadamente los campos de nombre y apellido, con lo que era muy sencillo filtrar tan solo el contenido de las alegaciones, obviando los datos personales”.

Por su parte, el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife defendió ayer “el derecho a decidir sobre su vivienda, a elegir y desarrollar una actividad u otra, así como el derecho del propietario que no quiere que, en su comunidad, se ejerza esta actividad, aplicando las normativas legales previstas”. Aunque se pronuncian a favor de controlar el alquiler vacacional, este órgano considera que la futura ley “no regula, sino que prohíbe o restringe la actividad” turística, además de alertar sobre posibles “visos de inconstitucionalidad”.