El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso de una empresa que busca instalar un cable ski para actividades acuáticas en casi 21.000 metros cuadrados de la playa de Los Cristianos, ordenando a Puertos y al Ayuntamiento de Arona (Tenerife) revisar sus informes negativos. El TSJC argumenta que la forma de actuar del organismo estatal ha causado indefensión a los empresarios al no informarles sobre el posicionamiento municipal, impidiendo así subsanar las deficiencias.
El ambicioso proyecto de cable ski promete revolucionar las actividades acuáticas en Los Cristianos. Este sistema consiste en la instalación de cables de acero de 10 milímetros de grosor que arrastrarían a los usuarios sobre esquís náuticos a lo largo de un circuito de 442 metros. Para su funcionamiento, se requiere la construcción de una plataforma flotante de 220 metros cuadrados y un pantalán flotante de 165 metros, ambos conectados al muelle viejo de Los Cristianos. Esta infraestructura permitirá a los usuarios disfrutar de una experiencia única de esquí náutico sin necesidad de embarcaciones, aprovechando un sistema de tracción por cables.
La ubicación elegida para el proyecto está en un área de baño muy concurrida del municipio aronero, especialmente en la desembocadura del barranco de Aquilino. Esta zona es frecuentada por nadadores y es utilizada por la escuela municipal de vela para sus actividades. El Ayuntamiento de Arona, en su informe desfavorable, concluye que el proyecto “pone en grave riesgo la integridad física de los usuarios”. Los informes técnicos municipales destacan los posibles conflictos entre los usuarios del cable ski y los bañistas, así como el impacto en las actividades de la escuela de vela. Según el Ayuntamiento, la coexistencia de estas actividades en la misma área podría generar situaciones de peligro.
La empresa promotora del proyecto, ante la negativa de la Autoridad Portuaria en julio de 2021, llevó el caso a los tribunales. El TSJC ha anulado esta decisión, devolviendo el procedimiento al momento anterior a la emisión del informe municipal. Esta resolución permite a la empresa subsanar las deficiencias señaladas y presentar pruebas adicionales. Los promotores también han solicitado que Puertos explique por qué no se ha seguido el mismo criterio que en proyectos similares, como los de la Escuela de Vela y el espacio de aguas abiertas del Real Club de Tenerife. Además, piden que se consideren las muestras de apoyo recibidas para la instalación del cable ski.
La Autoridad Portuaria había solicitado los informes correspondientes tanto del Ayuntamiento de Arona como de Costas, dado que la superficie debía ser desafectada de su uso portuario. En estos informes, un técnico deportivo superior de Vela consideró que ambas actividades, el cable ski y las actividades de vela, son compatibles. Sin embargo, un ingeniero de Caminos advirtió sobre los riesgos para los bañistas y señaló que la concesión ocuparía, aproximadamente, un 15,51% de la lámina sin uso comercial, comparado con el 15% destinado al baño. Pese a esto, el ingeniero también mencionó que se establecería un canal de nado y navegación de vela ligera que cumpliría con las leyes de seguridad.
Alternativa de ocio
El TSJC critica que Puertos desestimara la propuesta basándose en un informe municipal que, aunque preceptivo, no era vinculante, y sin informar adecuadamente a los empresarios afectados. El tribunal señala que Puertos podría haber abordado el fondo de la cuestión con una audiencia previa al Ayuntamiento, evitando así invadir competencias de otras administraciones. La sentencia subraya que la decisión de Puertos se fundamentó, exclusivamente, en el informe municipal, sin evaluar otras posibles soluciones o mitigaciones de riesgo.
La instalación de un cable ski en la costa de Los Cristianos no solo busca ofrecer una nueva alternativa de ocio y deporte en la zona, sino también atraer a más turistas, potenciando la economía local. Sin embargo, el proyecto ha generado controversia entre los residentes y las autoridades locales, quienes argumentan la necesidad de garantizar la seguridad y preservar la armonía de las actividades tradicionales en la playa.
Además, la resolución del TSJC finalmente manifiesta y pone de relieve la importancia de una comunicación efectiva y transparente entre las diferentes administraciones y los promotores de proyectos.
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