La Justicia en las Islas sigue afrontando el fenomenal reto que supone soportar, por cuarto año consecutivo, la tasa de litigiosidad más alta de España, un exceso de trabajo que, a la par, no ha sido óbice para que destaque igualmente por dos datos harto positivos: el 99% de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) fueron refrendadas el año pasado por el Tribunal Supremo y, lo que es igualmente importante, los jueces en esta comunidad dictan una media de sentencias muy superior a la estatal.
Así lo explicó ayer el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, con motivo de la presentación de la memoria anual sobre la actualidad en los juzgados canarios durante el año pasado, en un acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y en el que destacó que, con un total de 417.539 asuntos, un 5,9% más que en 2022, creció un 1,3% la resolución de casos, pero la pendencia aumentó un 20,3% al quedar sin resolver otros 211.189. Un hecho que Lorenzo calificó como “preocupante” antes de explicar que para este año urge la creación “como mínimo” de 11 nuevas unidades judiciales, así como que, al fin, entren en funcionamiento las que se pedían en años anteriores.
Los medios en las Islas son “limitados” y se produce un “efecto embudo” que hace que el tiempo de respuesta a los problemas de los ciudadanos vaya en aumento, lamentó Lorenzo, quien hizo hincapié, también, en que la jurisdicción civil sigue siendo la más sobrecargada y en la que es preciso que, como en tantos aspectos fundamentales en la prestación de servicios esenciales, se tenga en cuenta a los millones de turistas que reciben las Islas para atender las necesidades judiciales.
Pese a todo, hay que insistir en que la carencia de medios no ha impedido que la judicatura de Canarias lograse, durante el pasado año, la media anual más alta de sentencias de España (322 por juez, mientras la media nacional es de 277), mientras que la labor del TSJC se ha visto refrendada porque sus resoluciones recurridas ante el Tribunal Supremo se confirmaron en un 99%, además de haber sido los órganos canarios un 14,6% más resolutivos que la media estatal.
Litigiosidad
Pero el buen trabajo que se desprende de tales cifras no oculta el hecho de que Canarias registrase, durante 2023, hasta 188,6 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que fue, por cuarto año consecutivo, la comunidad autónoma con mayor litigiosidad. Así lo explicitó ayer Juan Luis Lorenzo, quien no dudó en detallar que la sobrecarga de trabajo que arrastran los juzgados en las Islas afecta particularmente a 118 de los 211 existentes y, como se ha dicho, en mayor medida a la jurisdicción civil.
No en balde el número de asuntos que entraron en esta jurisdicción (que es la que entiende sobre conflictos entre privados) con respecto a 2022 subió un 8,5%, mientras que, en la penal, aumentó un 4,5%; en la social bajó un 1,3%; y en la contencioso-administrativo (conflictos en los que interviene lo público) creció un 8%. Lo peor es que en todas las jurisdicciones la pendencia fue mayor respecto a 2022, sobre todo en la social (un 16% más) y en la contencioso-administrativo (un 15% más).
En cuanto a la necesidad de más unidades judiciales, criticó la demora en la creación, ya que, en 2002, se acordaron cinco, pero tres no han entrado en funcionamiento, una en Granadilla de Abona, en Tenerife, y dos de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, aunque informó de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer publicó que se crearán el próximo mes de septiembre.
Otra cosa bien distinta a la creación es cuándo entrarán en funcionamiento, dado que, en 2023 -desveló el presidente del TSJC-, fueron seis las unidades creadas y tampoco están en funcionamiento, pues lo harán entre el 30 de junio y el 30 septiembre próximos si es que se cumple lo dispuesto en el BOE de ayer.
Como no podía ser de otra manera, el presidente del TSJC volvió a considerar que es “insostenible” la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en Canarias tiene paralizado el nombramiento de cuatro presidencias (entre ellas, sigue en funciones la de Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife) y, por tanto, la sala de gobierno carece de esos miembros.
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