Santa Cruz no descarta una nueva ordenanza de Movilidad tras el fallo del TSJC

El Ayuntamiento de Santa Cruz no descarta elaborar una nueva ordenanza municipal de Movilidad y Seguridad Vial tras la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que suspende de manera cautelar cinco artículos de la normativa, en concreto el 6.1, 10.1, 20, 24 y 25, que atribuyen al consistorio la potestad de prohibir el acceso de determinados vehículos por razón medioambiental a la Zona de Bajas Emisiones (ZEB) o aparcar en determinados lugares de la ciudad. Estas medidas cautelares las fija la Justicia tras una denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Urban El Perenquén.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, anunció ayer, en el pleno municipal, que “vamos a recurrir estas cautelares y a defender el gran trabajo que han hecho los técnicos del área de Movilidad, pues la intención es mantener vigente la normativa, que entre otras cosas, da cobertura a la Policía Local a la hora de regular la seguridad vial. Una medida que, junto a las medioambientes, han sido las suspendidas cautelarmente”.
La edil respondió a una pregunta del grupo socialista respecto a las acciones previstas por el ayuntamiento tras el fallo del TSJC sobre dicha ordenanza. En este sentido, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, recordó que, “en el pleno donde se aprobó esta normativa, mi grupo se abstuvo al considerar que los estudios de impacto normativo reflejados no estaban bien hechos e incluso le dijimos que había que ser muy cuidadosos, pues las alegaciones ya apuntaban a que en el apartado del impacto económico, e incluso en el de género, se podrían producir recursos”.
Hernández pidió a la concejala de Movilidad que “se ponga a trabajar en una nueva ordenanza con independencia de que defienda la actual, pues se corre el riesgo de que la ciudad quede sin normativa una vez se resuelva el citado procedimiento judicial. Es una normativa que puede caer en su totalidad, como ya lo hizo lo anterior, o como ha ocurrido en otras ciudades españolas”.
Al respecto, Alonso explicó que “se está trabajando con los técnicos y los servicios jurídicos sobre las cautelares, pero también se bajaran todas las posibilidades, entre las que está la de realizar una nueva ordenanza. Ahora vamos a ver de qué manera podemos salvar la actual, pues se trata de una regulación muy compleja donde se ha querido abordar todo lo que viene impuesto a nivel nacional y europeo”. Por ello, aseguro, “la ordenanza sigue vigente y, respecto a las cautelares, se aplicará mientras la normativa existente de rango superior. La ciudad no queda desprotegida”.

Mociones

Por otra parte, el pleno debatió seis mociones de los grupos Vox y PSOE, respectivamente, sobre varias temáticas, de las que sólo se aprobó por unanimidad la relativa a la recuperación, por parte del Organismo Autónomo de Cultura, de la escuela de folclore de Santa Cruz. Propuesta presentada por los socialistas y en la que se insta al ayuntamiento a impulsar talleres enfocados a formar sobre instrumentos, vestimenta, cantos o bailes tradicionales.
Los votos del gobierno local (CC y PP) rechazaron las relativas a suprimir el cobro de la plusvalía con efectos a 1 de enero de 2025, defendida por Vox, y a la que el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, explicó que “esto sería propiciar el enriquecimiento de quienes se dedican a vender viviendas”. Tampoco salió adelante la moción del PSOE para el plan de patios inclusivos en colegios, “porque ya está en marcha”, justificó el edil de Infraestructuras, Javier Rivero, que descartó otra moción socialista sobre La Hacienda de Las Palmas de Anaga, que depende del Cabildo.