La situación del arbolado municipal centró ayer parte del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. A raíz de una moción presentada por el grupo socialista, en la sesión se cuestionó al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, sobre las talas que se han llevado a cabo en los primeros meses del año, cifrándose en 137. Una supresión de ejemplares que el consistorio justifica en el riesgo de desplome, pues las especies erradicadas estaban afectadas por hongos, muertas o secas.
El portavoz del PSOE, Antonio Rodríguez, defendió una propuesta centrada en lograr la aprobación de una ordenanza de protección del arbolado urbano, así como la planificación de las especies previstas para plantación en espacios públicos y privados a través de un plan de Infraestructura Verde, al considerar que “las actuaciones, sin un estudio real del ejemplar que se repone y del que se tala, y los lugares georeferenciados no permiten conocer la nueva función del arbolado”.
No obstante, su petición no logró acuerdo porque Tarife apuntó que “la ordenanza está en marcha y, respecto a la planificación, también se está elaborando el plan director del arbolado urbano”. Pese a ello, el edil tendió la mano a la oposición para lograr consenso si, a cambio, se incluía en la moción una enmienda in voce centrada en el compromiso de todos los grupos políticos a respetar los informes de los técnicos.
Este punto surgió tras la reciente visita de la líder socialista, Patricia Hernández, al jardín de la comunidad de vecinos de la calle Arona, en La Salud Alto, donde un flamboyán de 60 años espera sentencia.
Al respecto, Tarife tildó de “irresponsabilidad” una foto de la edil del PSOE junto a dicho ejemplar, del que dijo que “su situación es grave, con riesgo de caída, y su acción pone en duda los informes técnicos”.
Hernández tomó la palabra y acusó al concejal de “no facilitar informes del árbol, solicitados por el grupo socialista al igual que por los vecinos, pero, en cambio, le molesta que vaya invitada al mismo lugar al que usted fue el día antes”. Añadió que “hemos respetado siempre los informes, pero lo cierto es que se han erradicado 137 árboles en lo que va de año, ejemplares que se sustituyen pero, al final, quedan en matojos, como ocurrió cuando el alcalde plantó árboles en La Gallega, que hoy no sobrevive ni uno”.
Por alusiones, José Manuel Bermúdez entró en el debate botánico y matizó que “ni el alcalde ni ningún concejal planta o tala árboles” y pidió que no se personalicen muchas cosas porque “me gusta ser respetuoso”.
Dependientes
Por otra parte, el pleno abordó diversas problemas sociales. Por un lado, el de los ciudadores de familiares de dependientes a raíz de una moción presentada por el grupo Vox que pide reconocer su esfuerzo, además de facilitar el acceso a formación especializada y asesoramiento. Una propuesta aprobada por unanimidad y por la que el ayuntamiento se compromete a elaborar programas y organizar talleres de formación para cuidadores de familiares dependientes, además de instaurar el Día del Cuidador, el 5 de noviembre.
En cambio, no logró la misma suerte la moción del PSOE para pedir que el consistorio mantenga el servicio municipal de ayuda a domicilio y “dignifique” a las trabajadoras. La moción, que fue rechazada, contó con la intervención de una de las trabajadoras, que señaló que, tras la adjudicación a multinacionales, han visto reducidos sus salarios, además de tener que realizar labores de limpieza que no les competen.
Una preocupación defendida por la socialista Alana Chinea, que criticó “la deficiente gestión municipal con este servicio, en el que ahora el ayuntamiento propone otorgar una subvención a determinadas empresas en lugar de adjudicar un contrato”. La concejala de Atención Social, Charín González, rebatió este reproche al asegurar que “el nuevo modelo atenderá las peticiones de las trabajadoras, garantizará al 100% sus empleos y, además, ofrecerá un mejor servicio a los usuarios y se involucrará más a los familiares”.
Edificio Alejandro
Otro de los asuntos abordados en la sesión de ayer y, quizás, el más emotivo y desgarrador, lo protagonizaron familias vulnerables del edificio Alejandro, ubicado en el barrio Nuevo Obrero de la capital, que acudieron al salón de plenos capitalino para respaldar con sus testimonios la moción presentada por las socialistas Alana Chinea y Patricia Hernández, que pedía al Ayuntamiento la compra del inmueble como solución habitacional para las personas que se encuentran desde hace once años viviendo allí de ocupas, muchas de las que ya han sido desahuciadas.
El turno de intervenciones vecinales lo abrió Beatriz Gutiérrez, que, con una menor a su cargo, aseguró estar “enfermando” ante la amenaza de lanzamiento y los cortes de luz o de agua a los que están siendo sometidos. “No pido que me regalen nada, sino ayuda para una vivienda asequible, por la que llevo tres años esperando”.
La afectada relató que el edificio acaba de ser comprado por un gran tenedor y, de las once familias que lo ocupaban ilegalmente, ya han sido desahuciadas cuatro, “mientras las soluciones no llegan. Somos ocupas, pero por necesidad”. destacó.
Su relato se apoyó en el de María Concepción Rodríguez, que ya fue desalojada junto a su hija del citado edificio. “Llevamos once años esperando y nadie nos da respuesta. Estamos enfermando, porque llevamos años solicitando ayudas para una vivienda digna que nunca llegan”. Arremetió, en estado de nerviosismo, contra el alcalde y la concejala del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), a quienes acusó de “no tener humanidad y querernos callar la boca con tarjetas de alimentos. Yo no tendría que venir a suplicar ni a rogar por un lugar donde vivir acorde a lo que pueda pagar. Son ustedes los que tendrían que ir allí a dar la solución”.
Igualmente, Norberto también expuso su caso: enfermo de cáncer que acaba de ser lanzado del edificio para irse a dormir con su mujer a una colchoneta en casa de un cuñado. “No pedimos nada gratis sino una casa en alquiler social que podamos pagar. Por favor, atiendan al menos a mis vecinas con niños y hagan algo”, suplicó.
Tras los duros testimonios Patricia Hernández pidió para las seis familias que quedan en el edificio “el mismo trato que se dio a las de Añaza o las de El Tablero”, donde en ambos casos el Ayuntamiento promovió la compra de los inmuebles que, finalmente, concluyó Visocan. Por ello, aunque reconoció que “la situación es complicada”, cuestionó por qué “no se les da a los afectados el informe de vulnerabilidad que solicitan, que les permita optar a un alquiler social en base a sus ingresos”.
Por su parte, la concejala, Charín González, alegó que “no pueden exigir un trato preferencial frente a otras familias que se encuentran en la misma situación, demandantes que superan las 3.000 personas en el municipio”, dijo. Por ello, afirmó que, “si el PSOE pide se que compre el edificio para darles vivienda a seis familias, la respuesta es que no vamos a favorecer la ocupación ilegal”.
En este punto, el alcalde hizo uso de la palabra y mostró su solidaridad con los afectados. Bermúdez comentó que el ayuntamiento no tiene competencia en vivienda social, sino el Gobierno, pero ofreció apoyar la moción si la petición de adquisición del inmueble se dirigía al Ejecutivo y no al consistorio. Finalmente, la moción se aprobó por unanimidad.
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