La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, informó ayer de que “de las 75 medidas que recoge el decreto de la declaración de emergencia hídrica, ya hay un 90% en marcha, es decir, unas 67 que ya se están impulsando desde el Cabildo, Balten y Consejo insular de Aguas” para afrontar la situación de sequía extrema que afecta a la Isla y, en especial, al sector agrario.
Así lo indicó la presidenta insular antes de la celebración de la primera reunión de la Mesa de la Sequía, junto con el vicepresidente insular, Lope Afonso, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el consejero de Sector Primario, Valentín González.
En la Mesa de la Sequía se expusieron estos datos, así como la expectativa del Cabildo de poner a disposición, a partir de julio, “12.000 metros cúbicos adicionales de agua con las medidas de emergencia que hemos adoptado”, de los que el 80% va a estar destinado al sector agrario, es decir, unos 9.000 metros cúbicos.
Además, añadió que “el Consejo Insular de Aguas de Tenerife tiene previsto poner a disposición en menos de un año en torno a 60.000 metros cúbicos”, lo que supone incrementar la oferta del caudal de agua en más de un 10% para la población en general y un 25% para el sector agrícola. Esto será posible gracias a la colaboración de Balten, algunos ayuntamientos y el sector privado como titulares de aprovechamientos subterráneos y desaladoras.
Asimismo, Dávila apuntó que, en este momento, “no hay ningún municipio que esté en una situación de tensión hídrica, por lo tanto, el abastecimiento está garantizado”.
Además de presentar estos datos, en la Mesa de la Sequía también se haría “un informe completo de las 75 medidas, y a partir de ahí ir dando cuenta mensualmente de cómo van y cómo evoluciona la situación del agua en la Isla en el verano y próximos meses”, apuntó.
Por otra parte, la presidenta insular destacó que los ayuntamientos “juegan un papel fundamental” en cuanto a la concienciación de sus vecinos y haciendo un uso “racional” del agua, “utilizando el agua potable estrictamente para abastecimiento del consumo humano, y que se requiera a la ciudadanía a que haga un uso racional”.
Mientras, Blanca Pérez detalló algunas de las acciones que ya están en marcha y se expusieron en la Mesa, como una reunión la pasada semana con Endesa para agilizar la puesta a disposición de energía, la puesta en funcionamiento de una desaladora es la Isla Baja o el aumento de la capacidad de la de Abona, que va a dar 1.200 metros cúbicos, lo que “puede ayudar a resolver la próxima cosecha de papas en la zona”, así como intercambios de agua o una subvención a la comunidad de regantes de Funche para que pongan a disposición 1.000 metros cúbicos, entre otras acciones para también mejorar la calidad del agua regenerada en Acentejo y la Comarca Nordeste.
La consejera también hizo un llamamiento a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua, “ya que cada gota de agua es importante”.
Por su parte, Valentín González indicó que la situación actual de las balsas de Tenerife “es preocupante”, ya que “estamos en torno al 40% de capacidad en las balsas de Balten, por lo que es importante implementar este tipo de actuaciones para incrementar los caudales, sobre todo en las zonas de medianía”. “Estamos trabajando con el sistema de permutas para que los caudales de esas zonas se mantengan e intentar permutar con agua regenerada o desalada en la parte baja de los municipios”, explicó.
Composición
La Mesa de la Sequía es un órgano colegiado dependiente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife como instrumento de seguimiento y difusión de la declaración de emergencia hídrica.
Asimismo, está formada por representantes de los ayuntamientos, los consorcios, empresas públicas y gestión de servicios públicos, entidades concesionarias o titulares de aprovechamientos, organizaciones agrarias, organizaciones empresariales y sindicales, el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Además de un representante de los agricultores por cada una de las comarcas hidráulicas, así como los gerentes de la empresa pública Balten y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
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