La ética, es bien sabido, se apoya en la distinción entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, porque, es un principio básico, no todo lo posible es ético, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Más bien se debe hacer todo aquello, en el ámbito de la rectoría y dirección de los asuntos públicos, que implique promoción de los derechos de la persona, todo lo que traiga consigo el fortalecimiento de los valores democráticos, todo lo que suponga, en una palabra, seguir correctamente los dictados del servicio objetivo al interés general. No hay que llegar como sea sino saber llegar con arreglo a unos principios morales.
En este marco, han surgido estudios y análisis científicos sobre la ética pública. ¿Por qué? Porque se percibe su necesidad y porque los ciudadanos exigen cada vez servicios de responsabilidad pública de mayor calidad, que sean más universales y asequibles. Asimismo, los ciudadanos esperan un trato más adecuado de los servicios públicos, en el que brille con luz propia la vocación de servicio que debe ser señal indeleble del funcionamiento y actividad de todos los servicios y, sobre todo, de las personas que en ellos laboran. La cuestión es que estos estudios sirvan para que mejore el clima de exigencia ética y moral entre los ciudadanos y entre los dirigentes, públicos y privados. Si así no acontece, habremos perdido lamentablemente el tiempo.
