Los conflictos del Sahel empujan a miles de personas a adentrarse en la mortífera ruta canaria para buscar una vida mejor, aun temiendo que esta acabe trágicamente en medio del océano Atlántico. Un repunte migratorio que afronta por segunda vez Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en las Islas, después de que numerosos migrantes fueran aglutinados en carpas en el grancanario muelle de Arguineguín en el año 2020. Ahora, en cambio, presume de que Canarias cuenta con recursos suficientes para hacer frente a la llegada incesante de cayucos.
Canarias tutela a más de 5.600 menores migrantes no acompañados, por lo que el Gobierno canario pide un cambio legislativo para que el acogimiento de estos jóvenes sea lo más digno posible, lo que implica un traslado a otros territorios del país. ¿Qué postura ha tomado el Ejecutivo central?
“De apoyo. La presión sobre los servicios de atención a los menores no acompañados se ven desbordados en los casos de pico de llegadas y es realmente injusto que una comunidad autónoma lo tenga que asumir en solitario. Yo creo que ha habido un buen diálogo con el Gobierno de Canarias y se están intentando llegar a un acuerdo. La migración hoy afecta Canarias, pero, como ya ha ocurrido en años pasados, en 2018 Andalucía acogió a 50.000 migrantes, de los cuales más de 7.000 eran menores. Por lo tanto, se trata de un gran acuerdo de Estado que, sin duda, mejora el Estado autonómico, nuestra composición como Estado y refleja una situación de solidaridad reforzada por una norma que podría ser un ejemplo para Europa”.
¿Es España un país insolidario o la gestión migratoria se ha tornado una lucha a partidista?
“El debate en la política española y europea, en general, ha sido contaminado por la ultraderecha. El fenómeno migratorio como un elemento de enfrentamiento, de búsqueda de votos y de malestar social ha generado que conseguir acuerdos sea difícil porque muchos partidos se ven contaminados por ese mismo debate. Esto degrada nuestra democracia. El Partido Popular no las tiene todas consigo porque tiene acuerdos con Vox en algunas comunidades. En el caso de Canarias, además, cuenta con una historia que no podemos obviar, cuando los canarios emigraron a Venezuela”.
Defensa ha negado recientemente la cesión de espacios para la acogida de menores. Siendo la migración una cuestión de Estado, ¿qué justifica este rechazo?
“También es una cuestión de Estado la defensa y los espacios que demandaba el Gobierno de Canarias estaban reservados para ello. Esto no puede afectar a la defensa del Archipiélago y de España porque también estamos en un contesto de OTAN. Habría que identificar qué instalaciones están en desuso”.
DIARIO DE AVISOS ha desvelado en exclusiva que un centro previsto para menores migrantes de Santa Úrsula permanecía cerrado. ¿Conocía estas instalaciones?
“Eso es competencia de la Comunidad Autónoma, pero no se entiende por qué, si estaba preparado, permanece cerrado. En 2020 tuvimos momentos de tensión con la llegada de 23.000 personas y, en ese momento, carecíamos de centros en las Islas. Hoy podemos presumir de que contamos con recursos para hacerle frente a la llegada de cayucos”
¿Qué piensa de aquellos tinerfeños que se manifiestan en contra de la apertura de estos centros, como ocurrió, precisamente, en Santa Úrsula?
“Hemos tenido enfrentamientos con vecinos que intentaban impedir que se utilizaran instalaciones en sus municipios y, paradójicamente, salían en su defensa cuando teníamos que trasladar a las personas migrantes porque ya se habían integrado. Distribuir los centros por el territorio insular es la mejor opción porque se da una atención más personalizada y nos fortalece como sociedad”.
Dirigentes del PP y CC han afirmado en varias ocasiones que el Gobierno de Pedro Sánchez carece de una política migratoria competente que gestione la llegada de embarcaciones irregulares…
“La migración es un tema complejo que no se puede solucionar con un brochazo. Estamos en un archipiélago cerca de una zona de inestabilidad política, donde ha habido golpes de estado, guerras civiles y un cambio climático que desplaza a las poblaciones de los terrenos desérticos. La pobreza es la primera llamada a emigrar, tal y como les pasó a los canarios que fueron a Venezuela y Cuba. Es necesario comprender el fenómeno migratorio en su globalidad y eso implica menos racismo y menos xenofobia”.
El Gobierno regional ha iniciado un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas en materia de Costas. ¿Cómo acabará este conflicto?
“Acabará en el Tribunal Constitucional. Canarias ha tenido el mismo tratamiento que tuvo Cataluña y Andalucía. Hay una polémica con algunas instalaciones situadas en zonas de dominio público, que ya veremos cómo acaba, pero el marco legal será el mismo tanto con el Ejecutivo central como con el autonómico”.
El Ejecutivo canario también ha mostrado su preocupación por el desarrollo de la agenda canaria. ¿Se cumple con lo prometido desde Madrid?
“Estos días hemos visto cómo se ha cumplido con el caso de la Palma, reforzando las ayudas y prorrogando los ERTE, ayudas a los autónomos, prórroga de moratorias en materia de hipotecas, el 60 por ciento de IRPF… Asimismo, se están desplegando en Canarias unas inversiones muy importantes en materia de obras hidráulicas, tanto en depuración como en mejora de los riesgos agrícolas del Archipiélago. Todo esto teniendo en cuenta un parlamento complicado de gestionar para sacar adelante cambios legislativos. Pero lo que afecta a los compromisos canarios se están cumpliendo y, sin duda, se van a cumplir”.
Con el objetivo de prevenir los incendios forestales en los meses de mayor riesgo, se han llevado a cabo acuerdos de cooperación para evitar episodios fatídicos. como los vividos el año pasado en La Palma o Tenerife. ¿En qué consisten?
“Se trata de un acuerdo del Ministerio de Defensa con el Cabildo de Tenerife con el que los miembros del Ejército de Tierra desplegarán patrullas en ciertas zonas de la Isla que contribuirá a la labor preventiva porque, como sabemos, muchos de los incendios se producen por causas imputables a una persona. De hecho, hace unos años se condenó a una persona en Canarias por provocar un incendio. Ahora tienen que coordinarse con agentes locales, autonómicos y estatales para que se conozca cómo será el despliegue. La protección de la naturaleza nos compete a todos”.
Los incendios forestales suelen reavivar el debate de los hidroaviones en Canarias, donde estas aeronaves carecen de una base fija. ¿Esto sería factible teniendo en cuenta la orografía del Archipiélago?
“Es una discusión técnica, pero antes me gustaría aclarar que las Islas ya tienen cinco medios aéreos (dos en La Palma, otros dos en Tenerife y uno en la isla de La Gomera) que son del Estado y fijos, es decir, no acuden a otras regiones de la Península. Asimismo, contamos con bases en el resto del país que sirven para todas las comunidades dependiendo del nivel del fuego. De hecho, en menos de 12 horas estarían los hidroaviones sobrevolando Canarias, que se destinan a incendios de gran envergadura y no son útiles para todos los territorios porque realizan las cargas muy lejos; el proceso es más lento. En cambio, los helicópteros localizan el punto donde quieren intervenir y actúan con una mayor rotación”.
Aparte de lo mencionado en esta entrevista, ¿qué otras funciones cumple como delegado del Gobierno en las Islas?
“El delegado del Gobierno fundamentalmente coordina la labor de Guardia Civil y Policía Nacional. También tenemos servicios integrados como Extranjería, damos ayudas al transporte de mercancías a Península, realizamos una importante labor en materia de migración… En definitiva, estamos pendientes de que ciertas áreas funcionen correctamente para que presten un servicio fundamental a la sociedad canaria”.
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