Descubierto el presunto espionaje policial desde el Gobierno de Rajoy a políticos canarios

La trama política sobre espionaje policial desde el Gobierno de España que presidió Mariano Rajoy (Partido Popular) y actualmente bajo investigación en sede judicial también afectó, presuntamente, a los representantes de la soberanía popular canaria elegidos por los isleños, como son los casos del, en su día, diputado estatal tinerfeño y hoy concejal lagunero, Alberto Rodríguez, y la diputada por Las Palmas y magistrada de profesión María Victoria Rosell.

Otra de las personas supuestamente afectadas tiene igualmente notable relación con las Islas, por cuanto se trata de Belén Guerra, una reconocida violonchelista que es hija de uno de los padres de la autonomía canaria, como es el fallecido primer presidente del Parlamento autonómico, Pedro Guerra, así como hermana del famoso cantautor de mismo nombre. De la motivación política subyacente que pudieran servir como móvil para semejantes prácticas antidemocráticas sirva como indicio que los tres eran dirigentes de Podemos en aquella época.

Sin duda, el caso más llamativo es el del ahora líder de Drago Canarias. No en balde, la profusa información facilitada por incontables medios de comunicación estatales, que citan como fuente un oficio policial fechado el pasado 5 de julio por la Unidad de Asuntos Internos y enviado al juez de la Audiencia Nacional que investiga este escándalo, Santiago Pedraz, detalla que Rodríguez fue objeto de hasta de 964 búsquedas en bases de datos desde comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, lo que le sitúa entre uno de los principales objetivos de esta investigación prospectiva, que son las que no obedecen a indicios previos, sino -por explicarlo llanamente- para a ver si le descubro algo malo, una práctica que desde la perspectiva penal está radicalmente prohibida en el actual ordenamiento jurídico. Pese a ello, no consta que hallasen nada irregular y/o ilegal en la actividad de Rodríguez.

Pero el entonces diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife no es la única presunta víctima de estas prácticas antidemocráticas, sino que también otra diputada canaria, como Victoria Rosell, fue espiada sin aparente justificación en las bases de datos oficiales en, al menos, otras 16 consultas. No se puede descartar que el aparente mayor interés por escrudiñar el pasado de Rodríguez respecto al de Rosell tenga relación con la imagen obrera que Podemos usó respecto al tinerfeño, un sindicalista empleado en la extinta refinería santacrucera de Cepsa que, incluso, impactó al propio Rajoy, nada acostumbrado a tratar como igual en el Congreso a un obrero que gusta de recoger su cabello en rastas, como quedó reflejado en célebres documentos gráficos de aquella época.

ROSELL, OBJETIVO CLAVE

Eso sí, Rosell tuvo que sufrir igualmente otro de los mayores escándalos jamás conocidos en la política canaria durante el siglo actual, por cuanto fue víctima de una conspiración para impedir que volviera a presentarse en otras elecciones y, a resultas de ella, incluso fue condenado un exmagistrado de la Audencia de Las Palmas, Salvador Alba, hoy en prisión por urdir acusaciones falsas contra ella.

Imposible no citar a otra posible víctima de este caso por su indudable relación con Canarias como, es Belén Guerra, una artista de reconocido prestigio que adquirió merecida popularidad por su aportación a varios discos del cantautor Luis Pastor y, seguramente, sus méritos como artista añadidos a los referidos vínculos familiares mereció ser considerada como objetivo junto a que, como en el caso de Rodríguez y Rosell, fue también elegida diputada estatal por la circunscripción de Madrid.

Fue en febrero pasado cuando Pedraz admitió a trámite una querella de Podemos que pedía investigar actuaciones concretas del Ministerio del Interior contra su formación en tiempos del Partido Popular. Una línea fundamental de investigación partía de una conversación mantenida por el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, con un destacado miembro de la brigada política, el comisario Enrique García Castaño, a través de Whatsapp, donde se expresan en términos claramente sospechosos de que llevan a cabo la referida información prospectiva.

También las investigaciones judiciales sobre otro excomisario, José Manuel Villajero, han confirmado el fracaso del presunto afán del Gobierno de Rajoy por desprestigiar a la entonces emergente Podemos.