Por Marcial Morera.| Los topónimos, que, como todo nombre propio, carecen de significación léxica, pero ostentan una potente carga semántica de naturaleza referencial y connotativa, deben concitar el consenso general para poder ser considerados democráticos, porque son patrimonio de toda la comunidad. En efecto, mientras que los nombres propios de persona pertenecen al ámbito de la vida privada de sus titulares, los nombres propios de lugar pertenecen a la sociedad en su conjunto. Los antropónimos María, Ana o Juan son nombres particulares, en tanto que los topónimos Calle Cervantes, Taganana, Fuerteventura, España o América son nombres del acervo común. Por eso tienen que contar con la aprobación de toda la sociedad o de, al menos, gran parte de ella, para justificarse. Siendo esto así, deberían las autoridades políticas tener en cuenta la opinión de los ciudadanos cuando se trata de dar nombre a calles, plazas, edificios públicos, aeropuertos, canchas deportivas, estaciones de trenes o terminales de guaguas, porque sus decisiones pueden herir la susceptibilidad de muchos. En general, no suelen hacerlo cuando estos lugares son bautizados con nombres de artistas o científicos. Artistas y científicos son figuras de aceptación general, por la objetividad de sus obras y el efecto que el paso del tiempo ha ejercido sobre su memoria. ¿Qué persona con un mínimo de cultura general se atrevería a discutir la justificación de un Bach, un Newton, un Viera y Clavijo o un Óscar Domínguez, por citar solo un par de ejemplos? Pero pueden herirla cuando se trata de nombres de políticos (sobre todo, si son de las últimas hornadas), tan frecuentes en la toponimia de las ciudades, porque todas las ideologías, sectas y religiones del mundo aspiran a levantar monumentos a sus héroes o santos, aunque sea ocupando espacios que no les pertenece en exclusiva. Así la dictadura de Franco, que, de manera arbitraria, hizo tabla rasa de los nombres de la República, e impuso en las calles y las plazas del país los de sus generales y divinidades, con frecuencia acompañados de megalómanos monumentos. Así la democracia actual, que ha hecho tabla rasa de los nombres de la dictadura de Franco, imponiendo en su lugar los de sus líderes e ídolos. La primera parte de la decisión es, evidentemente, razonable. La segundo, no tanto. ¿Hasta qué punto cuenta con el consenso de todos los madrileños y los gallegos el hecho de que avenidas de Madrid y Galicia lleven el nombre del político de derechas Manuel Fraga Iribarne? ¿Hasta qué punto con el consenso de todos los españoles el hecho de que el internacional aeropuerto de Madrid lleve el nombre del político centrista Adolfo Suárez? ¿Hasta qué punto con el consenso de todos los bilbaínos el hecho de que una avenida de su ciudad lleve el nombre del político socialista Indalecio Prieto? ¿Hasta qué punto con el consenso de todos los tinerfeños el hecho de que el hermoso auditorio de Santa Cruz de Tenerife lleve el nombre del político nacionalista Adán Martín? Un simple sondeo entre los ciudadanos pone claramente de manifiesto que el acuerdo general brilla aquí por su ausencia. ¿Por qué? No, evidentemente, porque el señor Fraga Iribarne, el señor Adolfo Suárez, el señor Indalecio Prieto y el señor Adán Martín no fueran buenos gestores públicos e hicieran grandes cosas por su patria, sino porque se trata de personas que no representan a la ciudadanía en su conjunto, sino a una fracción (legítima, evidentemente, bueno fuera) de ella, sea de derechas, centro, izquierda o nacionalista. No se trata, pues, de restar importancia a la gestión política de la gente o cuestionar su valía. Se trata más bien de que el nombre de dichos señores, que sólo representan a una parte de la sociedad, impregna de una ideología partidista un lugar que es de todos. Es como si un particular fabricara su casa en ese dominio público que es la lagunera Plaza del Adelantado o en la del Cristo. Bien es verdad que, con el tiempo, las susceptibilidades que comentamos suelen esfumarse, porque, a medida que va envejeciendo, el nombre propio, como todo lo que existe, se debilita y se limita a representar asépticamente a la persona, el animal o la cosa que designa. ¿Qué ciudadano del común sabe hoy que el nombre García Sanabria que ostenta el más emblemático de los parques de la ciudad de Santa Cruz correspondía a un alcalde santacrucero, por cierto, muy competente y querido por sus ciudadanos? El desgaste de la semántica originaria del nombre propio es evidente. Pero, mientras este proceso de debilitamiento conceptual no se consume, los nombres propios en cuestión pueden suscitar tantas antipatías como simpatías. Hasta tal punto es esto así, que la presencia de este nombre puede incluso llegar a provocar rechazo hacia el lugar designado por parte de los que no se sienten representados en él. Prueba de las ampollas que suele levantar esta onomástica ideologizada la tenemos en el hecho de que, en cuanto el viento de la historia vira en favor de los agraviados, estos suelen tomarse la revancha, borrando los nombres del santoral rival y colocando los del suyo en su lugar. De ahí ese espectáculo bochornoso que se observa de tarde de tarde en los ayuntamientos de España en que los que gobiernan pugnan por desvestir los santos de la oposición para vestir a los suyos propios. Y así seguirán siendo las cosas mientras los que ejercen el poder no renuncien a vanidades sectarias y asuman que lo democrático es mantener limpios de cualquier ideología los espacios que son del pueblo todo.
*Catedrático de Lengua Española de la ULL
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