El hombre acusado de provocar el incendio forestal en Los Realejos en el verano de 2023 estaba siendo investigado, junto con su entorno familiar, por otros percances de este tipo que habían tenido lugar durante los últimos 20 años en los alrededores del lugar donde se desencadenó el fuego.
El procesado ya había sido condenado por un hecho similar hacía tiempo a un año de cárcel, su padre también era conocido por presuntamente incendiar los canteros de los vecinos y su abuelo trabajaba como carbonero, por lo que la policía y vecinos sospechaban de él cada vez que se originaba un suceso de este tipo.
El caso que se juzga ahora en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tuvo lugar el 14 de julio del pasado año cuando sobre las siete de la mañana se inició el fuego en un lugar conocido como el barranco de Los Dornajos.
En la primera jornada de este juicio intervino un matrimonio que son vecinos del acusado, quienes aseguran haberlo visto a primera hora junto a una señal de tráfico en los alrededores de su casa cuando ya había comenzado el incendio.
Aseguran que les llamó la atención que llevara un abrigo pese al calor que hacía y fueron los primeros que llamaron a la policía, aunque no lograron contactar, por lo que avisaron a un antiguo concejal del que eran amigos.
Ambos declararon tras un biombo y aseguran que recibieron llamadas del entorno del acusado con el fin de que reconsideraran sus acusaciones.
La versión de los familiares es totalmente distinta y declaran que el hombre estuvo junto con su hermano y otra persona colocando una puerta metálica desde las ocho de la mañana hasta el mediodía en el domicilio familiar, que siempre llevó un mono azul y que desde el exterior era posible verlos trabajando.
Los agentes policiales indican que dadas las sospechas de que fuera el acusado el causante del incendio iniciaron una observación a distancia y pudieron comprobar y fotografiar cómo el detenido estuvo gran parte del tiempo en la azotea con el mismo abrigo mirando las labores de extinción del fuego.
El acusado presenta un bajo coeficiente intelectual que no afecta ni a su inteligencia ni a su voluntad y en su domicilio se encontraron 25 mecheros, 21 velas sin usar, 4 usadas, 118 trozos de papel higiénico que habían sido retorcidos, 2 botes de metanol, varios de alcohol entre otros elementos que pueden causar fuego.
Durante la detención el hombre no opuso resistencia, colaboró pero apenas contestaba usando monosílabos y desde entonces se encuentra en prisión provisional sin fianza.
El hermano asegura que el acusado tiende a acumular y comprar todo tipo de objetos, que los mecheros los usa para encender la cocina de gas y que las velas las adquirió porque una vez estuvo tres meses sin electricidad.
La coartada de que el procesado permaneció todo el tiempo trabajando en la colocación de la puerta fue ratificada por su hermano, la pareja de éste, otro familiar y el hombre que les ayudó a hacer las obras.
Todo ellos aseguraron que para ir y volver del lugar donde se produjo el fuego hay que emplear como mínimo una hora y media.
Las acusaciones están integradas por la Fiscalía y las representaciones del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, cuyos medios fueron utilizados para sofocar el fuego de manera que piden ser indemnizados con 35.000 euros por el uso del helicópteros y otros 6.000 más por otros conceptos.
Ademas, se pide que en caso de ser condenado haga frente a los gastos que se fijen en ejecución de sentencia por los daños medioambientales causados.
Por aquellas fechas se había decretado la alarma máxima por incendio dadas las altas temperaturas registradas y una vez iniciado el fuego se procedió a desalojar un caserío cercano y una instalación agropecuaria.
La superficie afectada fue de 26.000 metros cuadrados de vegetación como helechos y zarzales y existió el riego de que se adentrara en la masa boscosa del espacio natural protegido de la Corona Forestal, a menos de medio kilómetro lineales.
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