El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el aruquense Ángel Víctor Torres, insistió ayer, una vez más, en su petición al Partido Popular de apoyo a la reforma del Reglamento de Extranjería propuesta por el frente institucional impulsado entre dicho ministro socialista y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), una vez que se ha confirmado la ruptura de los pactos en gobiernos autonómicos que lideran los conservadores con la fuerza ultraderechista Vox.
“Si han cambiado las cosas en sus pactos con la ultraderecha, que no quería bajo ningún concepto que se aceptara un solo menor no acompañado, si realmente esa ruptura se ha dado, (el PP) ya tiene que manifestarse a favor de esa modificación legislativa”, indicó Torres en una entrevista concedida a Onda Cero. Sin embargo, el ministro no confirmó si en la actualidad existen contactos directos con la dirección nacional del PP para retomar las negociaciones sobre la reforma, a pesar de que insistió en que se harán “todos los esfuerzos” para que los populares se manifiesten a favor de esta modificación”.
“Lo que nos decía el PP es que nos reuniéramos con las comunidades autónomas y es lo que hemos hecho, ya se ha terminado ese trabajo y vamos a seguir intensificando la labor, porque el presidente Sánchez ha dicho claramente que quiere un pacto de Estado sobre este asunto”, argumentó el titular de Política Territorial.
Para Torres, la situación en Canarias es de “emergencia” y “lo que no puede ser es que el PP no diga nada”. “Si confirmase ya su apoyo a la reforma, se podrían activar mecanismos a través del decreto ley para tener certeza de que esto pueda salir”, recalcó antes de reconocer que, “ hoy”, la propuesta del Gobierno de España y del de Canarias “no tiene apoyos suficientes para ellos”, a la par que hizo hincapié en que “este es un mes clave”. No en balde, para que la reforma legal entre en vigor el próximo septiembre -como ansía el referido frente institucional en aras de que el resto de territorios estatales peninsulares acudan en auxilio de Canarias dada la actual crisis humanitaria-, es imprescindible el apoyo de los populares.
Sobre el rechazo de Junts a la reforma, Torres dijo que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está haciendo “lo máximo que puede” para convencerles de que apoyen los cambios legales, aunque ha invocado especialmente al PP, porque “es el que preside la mayoría de las autonomías y de lo que se trata es de distribuir personas entre esas comunidades”.
Respeto a la petición del Gobierno de Canarias de que se habiliten instalaciones militares para acoger menores, el ministro sostuvo que desde el Ministerio de Defensa se le informó de que dichas instalaciones “tienen uso militar” y reiteró que esa sería una “solución temporal”. “Tenemos que insistir en ver las posibilidades de toda las administraciones, las infraestructuras para ayudar a Canarias, pero lo importante y lo fundamental es la modificación (del reglamento)”.
En este sentido, Torres recordó que con dicha reforma se tiene que regular cuál es la capacidad mínima de las comunidades autónomas (para acoger migrantes menores). “Lo que no puede ser es que haya comunidades que no tengan ningún recurso y que al no disponer de ellos digan que están saturadas”. En esta dirección, rememoró que en 2016 en Canarias no había recursos para menores, “su capacidad era cero y cuando empezaron a llegar se tuvieron que abrir recursos inmediatamente, en cuestión de horas, en cuestión de días”.
También admitió el alto cargo estatal que el reparto de los 347 migrantes aprobado en la conferencia sectorial de Juventud e Infancia “tardará” porque “es un proceso engorroso de solidaridad voluntaria para el que hay que hacer convenios bilaterales”. Sin embargo, añadió que, “con la reforma del artículo 35 del reglamento los menores, podrían salir al resto del territorio español en 15 días”.
Torres se refirió concretamente a la Comunidad Valenciana, que ha alegado tener ya saturada su capacidad con los mil menores que tiene acogidos. “Si esa comunidad tuviera la presión de Canarias, tendría que tener 15.000 menores”, como también recordó al Gobierno valenciano que su territorio es “ribera de costa”. “Si le llegan 15.000 menores, tendrían que abrir recursos para acogerles porque es competencia autonómica y tendría que hacerlo la Comunidad Autónoma”, argumentó Ángel Víctor Torres.
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