La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, anunció ayer la incorporación de 104 profesionales al servicio de dependencia, una medida que, según dijo, “dará respuesta al creciente número de solicitudes, agilizará los procedimientos y rebajará los tiempos de espera”.
Además, adelantó que la próxima semana comenzarán a operar 24 nuevos trabajadores sociales para “reforzar los equipos de valoración y tramitación de solicitudes, incrementando la capacidad operativa del sistema”.
Estas fueron algunas de las medidas expuestas por Delgado, que compareció en el Parlamento a petición del Grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) para explicar las líneas de actuación de su departamento en la atención a la dependencia.
La consejera dijo en su intervención que la implementación del nuevo decreto de reconocimiento de atención a la dependencia será “una medida fundamental para garantizar que las personas en situación de dependencia puedan acceder de manera más eficiente a los servicios y apoyos que necesitan, ya que el nuevo decreto modernizará y agilizará los procesos de evaluación y reconocimiento, facilitando la tramitación y reduciendo los tiempos de espera para los solicitantes”.
Por el contrario, la diputada proponente, Natalia Santana, aseguró que el nuevo decreto “allana el camino para recortes encubiertos” en prestaciones y servicios.
“Lo que están haciendo es cargar al ciudadano con problemas que ustedes no son capaces de resolver” y “cargarse” la seguridad en el procedimiento sin tener en cuenta las valoraciones y los programas individuales de atención erróneos de las personas dependientes sólo para aumentar los números, las estadísticas, recriminó.
Para NC-BC, la citada reglamentación condena a las personas cuidadoras a atender a sus familiares con prestaciones “miserables” y, “lo peor”, alertó, es que el 73 por ciento de las mismas son mujeres, de las que casi la mitad tienen entre 50 y 60 años.
En base a las revisiones de las alegaciones presentadas al borrador del decreto realizadas por el Colegio de Trabajadores Sociales de las Palmas, Natalia Santana acusó a la consejera de haber mentido ya que solamente se aceptó un 46% de las mismas, casi la mitad de lo afirmado por Bienestar Social.
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