Uno de los caracteres definitorios de la cultura española es nuestro intenso nominalismo. Los españoles actuamos como si el nombre definiera la naturaleza de la cosa y bastara con alterar ese nombre para alterar paralelamente esa naturaleza. De modo que, en su incesante búsqueda de trampantojos que le permitan continuar en el poder, Pedro Sánchez y su gente han descubierto el nominalismo. Se puede negociar un concierto fiscal con el independentismo catalán, pero basta con evitar denominarlo concierto para afirmar que lo que se ha pactado no es un concierto. El sentido común y todos los especialistas afirman lo contrario, pero se trata de la nefasta influencia insolidaria de los populares, que han caído en brazos de la ultraderecha. En realidad, lo pactado con los catalanes es una prueba de una auténtica solidaridad, buena para España y para los mismos que critican el pacto.
En una muestra de la ingenuidad que presidió la labor de nuestros constituyentes, en su afán por satisfacer todas las sensibilidades comprometidas con la Transición, aceptaron introducir una institución tradicional medieval como excepción al principio general de la igualdad de todos los españoles. Y así nació el concierto fiscal vasco y navarro, según el cual las Diputaciones forales vascas y la Comunidad foral de Navarra tienen la competencia exclusiva sobre la gestión tributaria y, a cambio, deben satisfacer un cupo anual al Estado en pago de los servicios que la Administración estatal retiene en el territorio de ambas. Un cupo que se negocia con muy poca transparencia y que nunca se ha explicitado en base a qué principios se acuerda más allá de sus caracteres generales. Se supone que en interés de los partidos que lo aceptan en cada ocasión.
Es decir, lo pactado con los catalanes es exactamente el concierto fiscal vasco y navarro, pero con un añadido tramposo; porque al cupo catalán se le añade un segundo cupo o cuota solidaria, que la Hacienda catalana repartirá entre las catorce comunidades y dos ciudades autónomas que no tendrán una financiación singular, sino que permanecerán en el régimen común. Lo pactado no aclara cómo se calculará esa cuota solidaria, que es el trampantojo que justifica toda la operación. Se entiende la oposición generalizada a esta propuesta incluso entre las comunidades gobernadas por los socialistas, una oposición que Sánchez tendrá que desactivar si quiere seguir adelante con este disparate fiscal. Un disparate que, además, no es económicamente viable extender a otras comunidades, como algún dirigente regional socialista ha insinuado.
Pues bien, Sánchez ya se ha puesto a la tarea y ha adelantado la fecha del próximo congreso federal socialista a noviembre, un congreso en el que sus partidarios en el partido formarán una orquesta bien afinada que impedirán que los díscolos prosperen. Ya en alguna comunidad, como Aragón, han comenzado a actuar, en un adelanto de lo que puede ocurrir en los congresos regionales que seguirán al federal. La incógnita está en la fortaleza de algunos dirigentes regionales como Page y su capacidad para hacer frente a la orquesta sanchista, en lo que se parece mucho a una crisis estructural interna. Mientras tanto, los catalanes siguen en lo suyo, que es seguir preparando la independencia, una independencia bien financiada.
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