Al día siguiente de haber sido elegida Isabel Perelló presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, han corrido los exegetas de turno a construir el relato. El relato trata de convertir un acuerdo para garantizar el equilibrio tan sensible que requiere la independencia de los jueces en la victoria de unos sobre otros. La valoración política de los hechos vuelve a contaminar al gobierno de la justicia con la tendencia de sus señorías, que seguro preferirían no ser sospechosos de ponerla en práctica en el ejercicio de su profesión. Está muy feo decir que han ganado los nuestros en un panorama donde debería lucir la neutralidad por encima de todo. Y qué si la señora Perelló es progresista. Con tal de que no aplique su ideología a sus decisiones profesionales y deontológicas, eso no debería tener importancia. Sin embargo, el relato se empeña en continuar estableciendo esas diferencias de afiliación, como si ello fuera a suponer la obediencia a los políticos con que simpatiza, con el consiguiente descalabro para los principios de Montesquieu. A la vista de los editoriales y los posicionamientos de cierta prensa, el problema no es de los jueces, sino de los políticos. Es complicado aparentar neutralidad en un ambiente tan enrarecido por la lucha de los intereses partidarios. A pesar de todo, y de lo que digan los argumentarios, se observa un intento de tímido retorno a un bipartidismo considerado como una rara avis en el ambiente de pluralidad que impera en la actualidad. La valoración de la elección así parece indicarlo. En los dos grandes partidos no se oculta el entusiasmo. Los dos lo califican de magnífica noticia, a pesar de que luego los palmeros arrimen el ascua a la sardina, y a medida que el espectro político se aleja hacia los extremos, el entusiasmo decae y pasa de la tibieza a la denostación de manera gradual. La pregunta es: ¿estamos ante una realidad escondida detrás de la conveniencia o lo real es que las cosas son así, tal y como nos las presentan? Yo prefiero creer en lo primero: el acuerdo es bueno a pesar de que los enfrentamientos continúen como necesidad virtuosa de la acción política. Se puede extraer la conclusión positiva que haría mantener la esperanza en los ciudadanos: creo en las leyes, pero no creo en los políticos. Si la aplicación de la legislación tuviera que verse sometida a los avatares de la opinión pública y a sus manipulaciones, apaga y vámonos. Ya sé que los relatos están construidos para quienes están dispuestos a creérselos, como los monólogos de Leo Harlem o de Eva Hache, pero la sociedad es otra cosa y la estabilidad de sus organizaciones también, y requiere de seguridades que establezcan la confianza para que nadie esté continuamente dudando del comportamiento del otro. Esta confianza la establecen las leyes. Cuando esto no ocurre, impera la desesperación, llegando a límites como los de Venezuela, donde se persigue al opositor por haber ganado las elecciones. Este relato es creído por muchos y así les va, y nos puede ir también a nosotros. He leído en la prensa progresista que ha ganado una de las nuestras, y esto no me alegra, porque sigue existiendo el problema y le otorga la razón a quienes mantenían el bloqueo.
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