Tinerfe Fumero/Agencias. | Parece que viviera en otro mundo, pero lo cierto es que el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), dijo ayer que el Ejecutivo autonómico no se opone a la declaración de zonas tensionadas, pero ha reclamado más “datos” a los ayuntamientos para justificar la medida y no una mera “declaración de intenciones”, como si la profunda crisis habitacional que hoy en día lastra el futuro de la juventud canaria no fuera un hecho más que contrastado desde hace más de un lustro, cuando pasó a ser el principal problema de los canarios por encima incluso del desempleo estructural que siempre caracterizó al mercado laboral del Archipiélago.
“No lo hemos inventado nosotros, el País Vasco, que muchas veces lo usamos de ejemplo, lo hace exactamente igual. Se acaba de declarar un municipio zona tensionada en Euskadi, después de que ese municipio entregara al Gobierno de Euskadi sus informes necesarios y preceptivos, y eso es lo que estamos pidiendo también en Canarias”, arguyó Rodríguez en una interpelación a solicitud del Grupo Socialista.
El consejero aprovechó su intervención ante el Pleno para hacer balance del decreto de Vivienda impulsado por el Gobierno, subrayando que se ha tratado de “multiplicar” la construcción de vivienda protegida en las islas, y para pedir apoyo a los grupos en la redacción de un nuevo plan regional de vivienda.
Por su parte, Patricia Hernández (PSOE) instó al Gobierno a ejercer su competencia en la declaración de zonas tensionadas, en virtud al informe de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), al tiempo que ha reprochado que ha dejado a los cabildos “sin medios ni fondos”. “No puede pedirle a los municipios una tarea que no pueden cumplir con sus propios medios”, ha comentado. Ha afeado también al consejero que pidiera consenso para elaborar el decreto de Vivienda y al final se lo encontraran “en el boletín” por lo que espera que, en el caso de elaborar un nuevo plan de vivienda, se cuenta con todos los grupos del Parlamento.
La diputada socialista se ha mostrado a favor de que se “intensifique” el ritmo de adquisición de viviendas inacabadas pero ha remarcado que la situación es “urgente” y que el Gobierno descartó tramitar el decreto como proyecto de ley. “Usted ahora viene aquí a pedirnos tiempo y a las personas que no tienen dónde vivir y se tienen que volver a casa de sus padres, también le pedimos tiempo”, concluyó la socialista.
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