Los comerciantes de Punta Brava y Jardín consideran “insuficientes” las ayudas que concederá el Ayuntamiento para paliar las consecuencias del cierre del complejo de Playa Jardín, hace más de tres meses, debido al vertido de aguas residuales.
La cantidad que dispone el Ayuntamiento es de 100.000 euros pero no descarta ampliarlo si la situación de emergencia persiste. Los afectados creen que es “insuficiente” porque además se tiene que repartir entre más de 50 comercios, algunos de los cuales han tenido que reducir personal al no generar suficientes ingresos para poder afrontar los gastos. Las bases de la convocatoria que aun se encuentra en exposición pública, establecen tres importes de 1.000, 3.000, y 10.000 euros, dependiendo si son autónomos sin trabajadores a cargo, micropymes, o autónomos con hasta diez empleados y pequeñas empresas.
Uno de los principales afectados es el restaurante Casa Julián, ubicado a pie de playa, que en los meses de julio y agosto ha registrado hasta el 70% de pérdidas, una cantidad importante “de varios ceros”, afirma su encargada, Yanira Mesa.
Se trata de un negocio familiar que desde hace más de 20 años regentaban su abuelo y su madre y luego pasó a manos de su hermano, que es autónomo, con cinco empleados a cargo aunque antes eran seis. Entre ellos, Yanira. En su caso, al ser un autónomo con cinco empleados y cumplir con todos los requisitos que se establecen en la convocatoria, le corresponderían 3.000 euros, “que van a ayudar muy poco, apenas una semana de quebraderos de cabeza, pero no los tres últimos meses”, sostiene.
Una de las condiciones para acceder a la subvención es haber demostrado una disminución del volumen de facturación de al menos un 20% respecto a ejercicios anteriores. Sin embargo, un matiz que se plantea, igual que muchos de los afectados, es “¿en qué porcentaje de pérdidas se basa e Ayuntamiento para otorgar esa subvención?”. A su juicio, “lo que hay que mirar es justamente este aspecto, la pérdida de facturación”.
También critica la demora con la que han llegado, cuando la playa lleva más de tres meses cerrada. En este sentido, el concejal de Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos, explica que el nuevo grupo de gobierno se encontró con varios inconvenientes. En primer lugar, no había unas bases “sino un anuncio, que, al bucear en el expediente era para la modernización de los negocios”. Por lo tanto, hubo que redactarlas y modificar el plan estratégico de subvenciones, “y sin renunciar a los 100.000 euros de modernización, utilizamos el remanente para ese motivo”, apunta.
El remanente fue otro inconveniente, dado que “la cuantía que había en la hucha era de unos 400.000 euros. Ya me hubiese gustado destinar más dinero, pero los recursos en las arcas municipales son los que son. Por eso nos comprometimos a sacar una segunda línea más adelante si las circunstancias persisten y así lo haremos”, promete el edil.
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