La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife y la acusación particular han pedido, en un juicio celebrado este lunes, tres años de cárcel y el pago de 69.500 euros al administrador de un concesionario que nunca entregó una autocaravana a un cliente que había pagado dicha cantidad por el vehículo.
El acusado reconoce los hechos pero asegura que no pudo hacer frente a la venta porque por esas fechas le llegaron de golpe una serie de pagos y cargos a sus cuentas, de manera que se quedó sin dinero y le resultó imposible cumplir su compromiso.
El Ministerio Público y el abogado del comprador consideran que se está ante un presunto delito de estafa o de apropiación indebida, dado que el denunciante desembolsó primero 10.000 euros y un año después le pidieron 59.000 euros más.
El acusado es un concesionario de una marca de autocaravanas que se fabrican en Francia con la que el comprador se puso en contacto, y desde donde le aseguraron que nunca había recibido encargo alguno.
El procesado es administrador de hecho de la entidad mercantil junto con su hijo, nombrado administrador único, pero que en realidad desempeñaba funciones de comercial, por lo que el acusado se encargó de la gestión, acceso a las cuentas y negociaciones con el cliente.
Mediante un contrato el comprador se comprometió a desembolsar 69.500 euros que hizo en tres pagos, el primero en concepto de reserva mediante transferencia bancaria.
El encausado confirmó al comprador que el vehículo estaba terminado, por lo que debía abonar el resto del precio que ascendía entonces a 59.075 euros.
Así lo hizo emitiendo una factura por dicho valor que también pagó por medio de tres transferencias, de las que dos eran de 19.990 euros y la tercera 19.275.
Este dinero nunca llegó a manos del fabricante de Francia y las acusaciones mantienen que el acusado incorporó ese dinero a su patrimonio.
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