La Asociación de Vendedores Ambulantes de Tenerife (Avamte) ha exigido una reunión urgente con el Ayuntamiento de Santa Cruz para aclarar el reciente decreto de cierre y posterior reapertura del Rastro municipal. La entidad reclama “transparencia y acceso inmediato” a los informes administrativos en los que se ha amparado la decisión del consistorio para la suspensión de la actividad en el entorno del Mercado Nuestra Señora de África y su posterior traslado “condicionado” a otra ubicación.
Avamte ha presentado una solicitud formal al ayuntamiento para abordar la actual situación de los vendedores del Rastro, al considerar que “el impacto de la medida afecta al sustento de más de 400 familias”. La asociación, que incluye a numerosos comerciantes del mercadillo, expresó ayer su preocupación por lo que considera “una falta de comunicación y consulta previa por parte de la administración local”.
Según afirmó su secretario general, Antonio Tejeda, “hasta la fecha no ha habido advertencias oficiales a los representantes de los comerciantes sobre presuntas irregularidades en el mercadillo, lo que plantea graves dudas respecto a la diligencia administrativa en este asunto”. En este sentido, cuestionó “por qué no se han adoptado medidas correctivas antes de llegar al decreto de cierre y a la posterior decisión de reapertura condicionada, lo que parece depender de que los comerciantes se porten bien”.
Tejeda añadió que esta decisión del consistorio “ha generado incertidumbre entre los vendedores sobre las condiciones de ejercicio de su actividad, trasladando una carga de responsabilidad por posibles infracciones sin previo aviso”. Apuntó que “la situación no afecta solo a los comerciantes del Rastro, sino a todos los vendedores ambulantes de la Isla, que ven con inquietud la gestión de este mercado emblemático”, subrayó la asociación, que solicita al ayuntamiento que “respete los principios de legalidad y proporcionalidad en sus decisiones administrativas”.
Además de la entrega de los informes, se ha pedido una reunión con los responsables municipales para analizar la situación y asegurar que cualquier medida futura “respete los derechos de los interesados y se ajuste al marco legal vigente”. Para ello, reiteró su disposición a colaborar “en la búsqueda de una solución justa y duradera para todos los afectados”.
El ayuntamiento decretó el pasado día 6 el cierre del Rastro junto a la Recova por “incumplimientos” con la ordenanza detectados en informes de la empresa responsable del Plan de Autoprotección y de la Policía local, y entre los que destacaba venta sin licencia, incumplimiento de horarios; accesos a zonas prohibidas; venta de productos falsos y vandalismo, entre otros. Al final, se llegó a un acuerdo para mantener la actividad hasta después de Reyes.
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