La sociedad en que vivimos, como reconocía de forma clarividente hace algunos años Ulrich Beck, es una sociedad de riesgos. Riesgos en el mundo de las finanzas; en el mundo del clima, como hemos sufrido en la DANA; en el mundo de la sanidad, tal y como experimentamos a nivel planetario especialmente en tiempos de la pandemia del COVID-19; en el mundo del transporte de personas por aire, por carretera o por mar; en el mundo del medio ambiente,;en las relaciones internacionales o, por ejemplo, en el mundo de la industria en cualquiera de sus ramas o subsectores.
En efecto, la seguridad se ha convertido en una característica ansiada por millones de ciudadanos que están viendo, y sufriendo, cómo la existencia de determinados riesgos en determinadas actividades han dado lugar a lesiones y perturbaciones de su posición jurídica, patrimonial o física. Por eso, frente a las amenazas, potenciales y reales, en este tiempo ha cobrado especial relieve el principio de precaución y las medidas de prevención en tantas y tantas actividades humanas. Hoy, por todo ello, es más patente la necesidad de contar con administraciones públicas preparadas para la detección a tiempo de los riesgos y poder actuar oportunamente.
La actividad administrativa adopta muchas formas y dimensiones. Ahora, la que está de mayor actualidad es la actividad de prevención, de precaución, así como las actividades de vigilancia y supervisión. No es suficiente con disponer de protocolos, procedimientos y sistemas de seguridad, lo realmente decisivo es tener estructuras científicas permanentes y personal preparado para prevenir riesgos climatológicos sanitarios y, tanto o más importante, disponer de capacidad técnica para supervisar y vigilar que tales protocolos, procedimientos y sistemas se realizan de forma rigurosa.
Por eso, cuando vemos lo que ha pasado estos días en el Levante español, cómo se han manejado los datos científicos, el grado de coordinación existente y, sobre todo, la nula capacidad preventiva, tenemos que concluir que el sistema de protección civil que tenemos o parte de la lealtad, de la buena fe y de la confianza legítima de las autoridades competentes o será un completo desastre. Ni se pudo prevenir la categoría de la DANA ni, es lo peor, las administraciones actuaron en tiempo real para paliar los daños sufridos por las personas en sus bienes y derechos. Nunca más.
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