El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, habló ayer apenas un minuto en una declaración sin preguntas para agradecer a los miembros del pacto migratorio su voluntad de acuerdo, tras renovar con los grupos parlamentarios (excepto Vox), los cabildos, la Fecam y las ONG el acuerdo suscrito en julio pasado para amortiguar el drama migratorio que las Islas “afrontan en solitario y con el que podremos acudir [este viernes, en Santander] a la Conferencia de Presidentes con una sola voz”.
No hubo palabras del presidente para evaluar la fallida reunión del pasado jueves en Madrid. Quien sí habló con contundencia fue el portavoz del grupo Nacionalista (CC), José Miguel Barragán, quien aseguró que “el PP no ha estado a la altura. Lo queremos decir alto y claro.
Pero los que hemos negociado en muchas ocasiones sabemos que no siempre en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vez se consiguen los acuerdos y vamos a insistir”.
Barragán avisó de que, si esta semana no se produce un acuerdo y las comunidades autónomas “no se esfuerzan”, la intención de CC pasa por buscar “otro plan distinto” al que han planteado hasta ahora.
En este escenario de desamparo en el que “nos encontramos”, transmitió Clavijo, “ir con una posición única para reivindicar el interés superior del menor y la actuación coordinada de todas las administraciones públicas es el ejemplo del modo canario de hacer política”. A pesar del consenso, los representantes políticos trasladaron algunos matices y reproches.
Desde el PSOE, Sebastián Franquis aseguró que su partido va a “seguir trabajando” por el acuerdo pese al “bloqueo” generado por el PP en el último año y su “doble discurso” entre lo que defiende en Canarias y lo que “se vota en Madrid”. Al respecto censuró el “discurso bronco” y el “maltrato” a Canarias en la reunión del jueves y lamentó que Clavijo “haya estado desaparecido durante cuatro días” sin explicar el resultado de esa cita y más preocupado por “amparar y proteger” a Manuel Domínguez.
Luz Reverón defendió la “voluntad inequívoca” del PP frente a la “intransigencia” del PSOE y el Gobierno central. Luis Campos enfatizó que NC-BC no va a rendirse “cueste lo que cueste” para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, aunque enfocó las “responsabilidades” de algunos partidos, como el PP, en el bloqueo político: “Tenemos pocas esperanzas, pero no vamos a desistir.
Casimiro Curbelo (ASG) enunció el “fracaso” de la solidaridad y la política para buscar una solución a la distribución de menores migrantes, por lo que apeló a una “reflexión”, dado que queda “mucha” legislatura: “Espero que haya un cambio, porque en todo este tiempo lo único que ha habido son problemas, problemas para modificar el artículo 35 de la ley y problemas para todas las cosas”. Al igual que Barragán, abrió la puerta a diseñar un “escenario dos” si el viernes no se logra ningún acuerdo. Raúl Acosta, del grupo Mixto (AHI), espetó que las dificultades para reformar un artículo “tan sencillo” de la ley de extranjería demuestra que a los partidos estatales “no les importa Canarias” y utilizan la crisis con “fines partidistas”.
En nombre de la Fecai, la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, llamó a no desaprovechar esta “oportunidad” y Ana Dorta, vicepresidenta segunda de la Fecam, urgió la modificación de la ley “sin desfallecer ni un minuto”, porque, remachó, la situación es “insostenible”.
El documento ratificado ayer considera pertinente “reforzar nuestra posición con un nuevo pronunciamiento de los representantes de la sociedad canaria cara a la próxima Conferencia de Presidentes, en la que se abordará la gestión migratoria”. En este sentido, queda plasmada la demanda de una modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice “la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores y, además, que se impulse una hoja de ruta que contemple todas las dimensiones de la crisis migratoria con una política de Estado que implique a todas las administraciones”.
Las partes constatan que Canarias “afronta en solitario el drama de la diáspora africana, porque en estos momentos, más de 5.500 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados están bajo la tutela de la Comunidad Autónoma que, junto con sus instituciones y el apoyo del tercer sector, intenta darles una asistencia digna que les permita tener un futuro más esperanzador”.
En el documento se recuerda que “la entrada en territorio español y el control del flujo migratorio es una competencia exclusiva” de la Administración General del Estado, “que tiene el deber de garantizar el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia, mientras que la protección de personas menores de edad no acompañadas llegadas a España es competencia de todas las comunidades autónomas, no de una en solitario”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas