El Ejecutivo canario respaldó ayer el acuerdo adoptado por los siete consejos insulares para requerir a la Administración General del Estado la declaración de interés general de 127 obras hidráulicas por un importe de 1.401 millones de euros, una condición indispensable para ser incluidas en el convenio de obras hidráulicas y promover su financiación con cargo de los presupuestos generales del Estado, como determina la vigente legislación hidráulica.
El listado de proyectos fue consensuado por la consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas con los cabildos en la última reunión extraordinaria de la comisión permanente del agua, el 28 de noviembre. Entonces, las corporaciones insulares expresaron su respaldo unánime a la reivindicación de un nuevo convenio de obras, tras el “incumplimiento” del de 2017, por 915 millones.
El consejero Manuel Miranda recordó que, en su artículo 152, el Estatuto de Autonomía determina como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la planificación y programación de las obras de interés general que se establezcan en el correspondiente convenio de colaboración. Y tanto el texto refundido de la básica nacional como la Ley de Aguas de Canarias reconocen que esas obras de interés general serán propuestas por la Administración autonómica; su materialización, conveniada por la Administración General del Estado, y su financiación, cubierta con los PGE: “Los 1.400 millones que reclamamos a Madrid desde los cabildos y el Gobierno de Canarias no son sino el 35% de la inversión total que necesitan las islas para poner al día sus infraestructuras hidráulicas”.
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