El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, reivindicó ayer, en el pleno del Parlamento, el paquete de “medidas ambiciosas” para afrontar la emergencia habitacional declarada mediante el decreto ley 1/2024. “Conscientes de que la escasez de oferta es la raíz de los problemas de acceso, el Gobierno canario apuesta por un enfoque integral que prioriza la promoción de viviendas protegidas, la flexibilización urbanística y la regulación de prácticas especulativas”, recalcó Rodríguez.
Entre esas iniciativas, va a poner en marcha, a principios de 2025, el plan de hipoteca joven para ayudar a acceder a la primera vivienda. El Ejecutivo avalará el 15% de los préstamos que soliciten los residentes de “entre 18 y 40 años” para comprar una casa que no exceda los 200.000 euros. En respuesta a una pregunta de Jana González (CC), Rodríguez detalló que el Ejecutivo cubrirá la parte que no financia la entidad bancaria, que generalmente condiciona la concesión de la hipoteca a la existencia de un 20% ahorrado.
Sobre las acciones previstas contra la especulación en materia de vivienda, el consejero respondió que se ha modificado la Ley de Viviendas para que la protección pública sea permanente y así “combatir la especulación”. Además, resaltó que el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) nunca ha dispuestos de tantos recursos. “Este año se construirán mil viviendas públicas y el próximo, mil más. Son unos números históricos, aunque insuficientes.
La “clave” para luchar contra la especulación es, argumentó, potenciar la vivienda pública y protegida, así como movilizar las casas que están cerradas con incentivos fiscales para sus dueños.
La diputada del PSOE Patricia Hernández destacó que el 40% de las casas que se compran son de los grandes tenedores. “Ya estamos trabajando activamente para evitar la especulación inmobiliaria”, trasladó Rodríguez, “a través del impulso de proyectos en suelo público gestionados por el Icavi y Visocan, a fin de facilitar la cesión de terrenos municipales y reconvirtiendo suelos dotacionales en residenciales; rehabilitando; impulsando incentivos fiscales para propietarios que destinen viviendas vacías al alquiler residencial, con el propósito de aumentar la oferta y estabilizar los precios; regular el alquiler vacacional y prevenir la pérdida de casas destinadas a las familias locales; protegiendo a inquilinos y dueños frente a abusos y estudiando limitar la compra por extranjeros no residentes”.
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