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Resolver la vía jurídica, clave para el sí de Torres al ‘plan b’ de Clavijo y Pradales para acoger menores migrantes

El ministro y el presidente isleño se citan hoy para tratar la propuesta de articular la solidaridad interterritorial pactada con el lehendakari vasco y eludir así el bloqueo del PP

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúnen hoy en Madrid para afrontar la viabilidad del llamado plan b para terminar con la insolidaridad de la gran mayoría del resto de comunidades autónomas a la hora de afrontar el esfuerzo por acoger con un mínimo de dignidad a los menores migrantes no acompañados que llegan por miles a las Islas desde que, en agosto de 2019, se produjera el blindaje del Estrecho y repuntase de tal modo la ruta atlántica, que hoy en día se ha convertido en la principal vía de entrada de personas por vía marítima al territorio español. A priori, los principales obstáculos para un acuerdo obedecen más a los problemas jurídicos a la hora de su tramitación que al fondo de la propuesta.

Clavijo acordó con el lehendakari vasco, Imanol Pradales, dicho plan b tras constatar que el sistemático boicot del Partido Popular hacía inviable un pacto anterior cerrado por el mandatario canario y el ministro Torres para acabar con esa insolidaridad a través de una proposición de Ley. La dirección estatal del PP lleva a cabo dicho boicot en parte por el chantaje político al que le somete la formación ultraderechista Vox (que le negará sus votos para aprobar las cuentas en seis comunidades autonómas donde son imprescindibles para ello), pero también por el nulo interés expresado desde ejecutivos regionales como los de Madrid y Andalucía, que se han manifestado reacios a acoger a más niños y niñas de estas características, un rechazo que tiene lugar con estos menores de origen norteafricano y subsahariano que, felizmente, no se produjo en dichos territorios cuando hubo que admitir a unos 1.700 de origen ucraniano.

Por lo que respecta a la reunión de hoy, fuentes cercanas al Ministerio de Política Territorial desvelaron ayer a este periódico que las dificultades para alcanzar un acuerdo durante la misma obedecen a su tramitación parlamentaria, por cuanto al Gobierno de España no le consta que, si lo impulsa como decreto ley -tal y como defienden Clavijo y Pradales-, luego sea refrendado como es preceptivo en las Cortes Generales por una mayoría suficiente. En especial, lo que más preocupa es si Junts estará por la labor, y más teniendo en cuenta que los contactos de Clavijo con el partido conservador catalanista que lidera Carles Puigdemont no han tenido un refrendo por escrito, como sí ha pasado en el caso del PNV, la formación a la que pertenece Pradales.

Más claves
Otras cuestiones relevantes que habrá que dilucidar radican en la ausencia de referencias en el texto de la propuesta a la consideración de los menores como tales, sin lugar a dudas, y a otros derechos que les asisten durante la tramitación de las actuaciones procedentes en cada caso.

Otra novedad relacionada radica en que la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, informó ayer de que dicha propuesta para la distribución extraordinaria de menores no acompañados planteada por Euskadi y Canarias ha recibido el apoyo de Ceuta y de Amnistía Internacional. Además, desveló que ambos gobiernos están buscando también el apoyo de otras organizaciones no gubernamentales. “Creemos que es una propuesta seria, posibilista, que puede arrojar luz a este importante problema que tenemos todos”, señaló en información facilitada ayer por la agencia Europa Press.

Ubarretxena recordó que es una propuesta que “se ha trabajado conjuntamente con Canarias, que ya se planteó en la Conferencia de Presidentes que se celebró a finales de año en Santander, y que fue remitida el día 2 de enero al resto de las comunidades autónomas para recibir más apoyos”. “Se está buscando también apoyos de organizaciones no gubernamentales porque creemos que es una propuesta seria, posibilista, que puede arrojar luz a este importante problema que tenemos todos”, añadió la portavoz vasca.

Este plan b consiste en un Plan Estratégico que contemple planificación, previsión de diferentes escenarios, indicadores de evaluación y memoria económica real, mientras que la distribución respondería a cinco indicadores; población total, población acogida (media de menores acogidos por cada cien mil habitantes en los últimos seis meses), PIB per cápita, desempleo y solidaridad (número de menores acogidos en los últimos cinco años).