Santa Cruz no solicitará al Gobierno de Canarias su declaración como zona tensionada en materia de vivienda, a pesar de que un informe elaborado por una consultora externa, encargado por el propio Ayuntamiento capitalino, afirma que el municipio, en la mayoría de sus distritos, reúne los requisitos para hacerlo. Así lo anunció ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), quien amparó esta decisión en otro informe paralelo que ha llevado a cabo el área de Viviendas Municipales y que pone de manifiesto las consecuencias contrarias que podría implicar esta medida.
El regidor señaló que “la regulación de los precios de las viviendas, en caso de declarar al municipio zona residencial tensionada, originaría efectos no deseados en el mercado, como ha ocurrido en Cataluña, y no mejoraría la actual situación de emergencia habitacional, pues, tal y como se ha visto en otros casos, los propietarios al final deciden no alquilar al verse obligados por el sistema a fijar un precio determinado que no los compensa frente a la morosidad o los desampara ante los okupas”.
Reiteró que, “aunque la falta de oferta es acuciante, no apostaré por medidas populistas que vayan en contra de Santa Cruz y no pediré la declaración de zona tensionada, aunque sí se trabajará sobre la primera de las medidas que cualquier gobierno, e incluso la ley estatal, establece como la más eficaz para combatir el problema: la construcción de más viviendas públicas. Se va a seguir en esta línea y, por ello, se impulsan 37 pisos en María Jiménez, se ha adquirido un edificio de 20 viviendas sociales en Valleseco, otras 100 en La Gallega, más 226 que se construirán en Ofra y Cuevas Blancas”, recordó.
Asimismo, Bermúdez añadió que, “en esta búsqueda de alternativas contra el problema habitacional que va unido al incremento poblacional, Santa Cruz mantendrá la baja presión fiscal en el impuesto a la construcción, de los más baratos de España, pero además pediré, tanto al Gobierno canario como estatal, que, dentro del paquete de medidas extraordinarias anunciadas, se ponga una que permita a los ayuntamientos disminuir los trámites burocráticos para construir viviendas con una normativa de emergencia más flexible que permita hacer más en menos tiempo”.
Por su parte, la edil de Viviendas, Belén Mesa, detalló que, “tras el compromiso del alcalde, en el pleno del 1 de marzo, se encargó un informe externo sobre el mercado residencial que reveló que el índice de precios lo superamos en todos los distritos, pero el de la tasa de esfuerzo (media que una familia tardaría en pagar una vivienda) sólo se dispara en el de Centro-Ifara. Un análisis, complementado con otro realizado por el área en base a estudios del Banco de España y universidades, que ve desfavorable declarar la zona tensionada”.
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