El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, demostraron ayer que sigue intacta su voluntad de alcanzar un acuerdo para terminar de una vez con la insolidaridad de buena parte de las comunidades peninsulares a la hora de distribuir el esfuerzo que implica acoger con un mínimo de dignidad a los menores migrantes no acompañados de origen norteafricano y subsahariano que llegan a las Islas tras sobrevivir a la mortífera ruta atlántica.
Ocho meses después, ambos políticos llegaron ayer a un principio de acuerdo para eludir de una vez el boicot del Partido Popular, que lo ha impedido hasta ahora, si bien los portavoces de dicho partido coincidieron ayer con los de la formación ultraderechista Vox en mostrar su rechazo a lo pactado entre Torres y Clavijo pese a que su propuesta final ni siquiera se ha concretado, no en balde ambos dirigentes políticos se han dado un plazo de diez días para ello.
“En esta reunión, hemos aprobado una especie de calendario de actuación para las próximas semanas. ¿Para qué? Para buscar mecanismos que den una respuesta al fenómeno migratorio en Canarias en lo que es la atención a los menores no acompañados”, explicó Torres en declaraciones recogidas por Europa Press al término de la cita, celebrada en Madrid.
Tras explicar que -como informó ayer este periódico- el Ejecutivo central ve “viable” el llamado plan b de Clavijo (recurrir a un decreto ley para fijar una distribución equitativa de los niños y niñas por los distintos territorios españoles, como acordó previamente con el lehendakari vasco, Imanol Pradales), Torres detalló que hay cuestiones que “pulir desde el punto de vista jurídico”.
En este sentido, el ministro anunció que “de manera inmediata” el Ejecutivo va a convocar una Conferencia Sectorial de Infancia, “en las próximas semanas” para trasladar a las comunidades autónomas la propuesta de Canarias y de Ceuta, así como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que “sigue siendo la prioridad para el Gobierno de España”.
En paralelo, en las próximas semanas el Gobierno y Canarias va a “culminar” un texto que “finalmente de respuesta jurídica, política y social a los menores no acompañados”. “Cuando tengamos ese texto, evaluados los informes jurídicos, se hará lo que los informes jurídicos digan qué es lo más viable y seguro con respecto a qué mecanismo legislativo es el que debe ser”, subrayó Torres.
El ministro reconoció igualmente ha reconocido que siguen negociando con Junts la modificación del artículo 35. “Cuando utilizo el gerundio, es que no tenemos acuerdo, pero vamos a seguir trabajando y nuestra prioridad es una solución definitiva, estructural y permanente que es la modificación del artículo 35”, afirmó antes de reconocer el trabajo del Gobierno de Canarias.
A su vez, Clavijo manifestó que la reunión de ayer “ha sido provechosa”, aunque le hubiese gustado que lo hubiera sido más. El presidente de Canarias defendió la vía del decreto ley como la solución “más rápida”. “Desde luego, convenimos que la situación es límite en las Islas, que este arranque del 2025 está siendo muy duro”, a la par que advirtió de que “es un fenómeno que va a continuar” y que “la presión cada vez es mayor y Canarias no puede seguir esperando”.
Como prueba de la buena disposición de ambos interlocutores, también Clavijo reconoció que Torres “está poniendo de su parte todo lo posible”, aunque echa de menos que el Gobierno de España “sea más proactivo y más contundente”.
“Hemos quedado en plazos concretos, que siempre da confianza, para tener un texto pactado entre el equipo del ministro y el Gobierno de Canarias para que luego pueda ser sometido a los informes jurídicos pertinentes. Esperamos que a final de mes podamos tener todo eso bastante enfocado para la búsqueda del apoyo de los grupos políticos del Congreso de los Diputados”, dijo el presidente, que confirmó que las dudas jurídicas radican particularmente en la posible transferencia de la tutela del menor de una comunidad a otra.
En este contexto, Clavijo insitió en que los menores que en este momento acoge Canarias “no están pudiendo ser atendidos con dignidad” y espera que el Partido Popular dé su apoyo porque “nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia absoluta”.
De momento, no parece que el PP esté por la labor, a tenor de las declaraciones de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, quien insistió ayer en que su partido está en contra de un reparto de menores migrantes que no haya sido “consensuado” y para el que no se disponga de “una dotación presupuestaria necesaria” tras ser preguntado en Bilbao sobre los avances alcanzados entre Torres y Clavijo.
Más clara aún fue su colega de Vox, Pepa Millán, quien anunció su rechazo al texto propuesto por Clavijo y Pradales una vez llegue al Congreso para ser aprobado.
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