Viviendas y burbuja inmobiliaria

Dicen los expertos, refiriéndose al problema de la vivienda, que en España no hay riesgo de burbuja inmobiliaria y eso no es bueno. ¿Quieren decir que la contención de la burbuja hace descender la oferta y aumentar los precios? Hay que irse unos años atrás, cuando se culpaba de todo a la aprobación de la Ley 6/98, sobre régimen del suelo y valoraciones, causante de todos los males inmobiliarios y urbanísticos. Entonces los legisladores se aprestaron a reducir la densidad edificatoria y a aprobar directrices que tuvieron como consecuencia dejar fuera de ordenación a buena parte de la superficie edificada en algunos centros urbanos. A partir de ahí, y en consonancia con la aplicación de algunas normativas medioambientales, comenzó una reducción cicatera de los suelos urbanizables en los planeamientos, y a imponerse un criterio general de protección tendente a minorar la actividad edificatoria. Se agotaron los patrimonios públicos de suelo destinados a construcción de viviendas protegidas y se rebajó el porcentaje de cesiones obligatorias de aprovechamientos. Se trataba de una filosofía que revolucionó todo el mercado mientras crecía un activismo heroico que alimentaban los medios de comunicación y ciertas ideologías progresistas. Consecuencia de todo esto es el problema que sufrimos ahora con un bien escaso al que pretendemos entronizar como uno de los pilares del estado del bienestar. Así, de la noche a la mañana, como si esa fuera la solución del problema y se pudiera construir en un año lo que se destruyó en veinte. Además, se denuncia el miedo de la iniciativa empresarial en un marco de inseguridad. Las previsiones para 2025 es que seguirán aumentando los precios hasta un 5%. Nadie dice cuándo se van a detener. Tampoco existe una expectativa realista en cuanto a la disposición de nuevos suelos para incorporarlos al proceso urbanizador, dado que es una competencia municipal y autonómica la aprobación de los instrumentos de planeamiento necesarios, y estos, en el mejor de los casos, tardan al menos cuatro años en aprobarse. No digamos después lo que cuesta poner en marcha a los órganos de gestión antes de iniciar las obras de urbanización. ¿Cómo se acallarán entonces las voces que claman por la protección del planeta a costa incluso de que la población viva a la intemperie? ¿En qué parámetros viviremos para hacer posible esa adecuación a lo que ahora llaman un derecho constitucional, que no es otra cosa que el acceso a una vivienda digna? ¿Cómo vamos a salir de este problema si previamente no existe una predisposición conceptual e ideológica para resolverlo? ¿Cómo desandaremos el camino andado? Los expertos hablan de la no existencia de riesgo de burbuja inmobiliaria. Este es el aspecto económico y financiero de contemplar el problema. El urbanístico es bien diferente, porque se trata de producir la materia prima necesaria para resolverlo. Los problemas reales empiezan a surgir cuando se notan los efectos del fundamentalismo. Por eso Scholz le ha pedido a Von der Leyen que flexibilice las exigencias medioambientales. Europa tiene problemas de representación política por esta causa más que por la llegada de Donald Trump a los EE.UU.