Diario de Avisos/Agencias. | El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, solicitará al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y si es preciso a ministros, una reunión para abordar la “ocupación” actual que sufre el puerto de La Restinga (El Hierro) a consecuencia de la crisis migratoria y que afecta a la actividad económica y al día a día en la zona.
“La realidad es que no podemos normalizar la ocupación de un puerto canario de esta manera, sin fin, y teniendo actividades como puede ser la destrucción de los cayucos, afectando directamente a la actividad económica y a la calidad del agua y, desde luego, al entorno”.
Así lo trasladó ayer a los medios de comunicación durante la presentación de la obra de los pantanales en La Restinga. Recordó la defensa que hace el Ejecutivo regional de que, salvo situación de emergencia, el puerto “idóneo” para trasladar los cayucos sea el de La Estaca, en el norte de la Isla: “Hay más espacio, más posibilidades y está más cerca del centro hospitalario de Valverde. Eso no quita para que, excepcionalmente, en una decisión a la hora de salvar vidas, pues el puerto más cercano y más seguro es el que es, pero no tiene por qué ser siempre, y es mucha casualidad que siempre sea el de La Restinga, el más cercano y el más seguro”.
En relación a la derivación de 4.000 menores migrantes a la Península, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó en Antena 3 TV que la distribución comenzará en los próximos meses, una vez que se convalide el decreto ley en el Congreso y Canarias prepare el traslado. Al respecto, puntualizó que los datos que ofreció Junts per Catalunya (JxCat) “son una simulación”, porque en el real decreto ley “no aparece ni un número”.
Torres recordó que las comunidades disponen de plazo hasta el lunes 31 de marzo para aportar la cifra de menores que están atendiendo en sus territorios y que, después, habrá una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. La Abogacía del Estado recomienda que la distribución comience de manera efectiva en la primera quincena de abril. Una vez que Canarias haya cumplimentado la documentación correspondiente, el proceso durará un año.
En una comisión parlamentaria, la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, manifestó que el decreto ley para esta derivación es “un logro y un hecho histórico para Canarias”, que se planteaba desde que Adán Martín fue presidente (2003-07). Delgado celebró que se vaya a prestar una atención “de una forma integral y adecuada a sus derechos”, garantizándose un futuro a estas personas.
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