Habrá que esperar otras dos semanas para la celebración del juicio por el llamado caso Arbistar, uno de los mayores escándalos internacionales relacionados con estafas en criptomonedas y, con diferencia, el mayor acaecido en España, dado que la sede de todo este presunto chiringuito de estafas se situaba en Arona, tal y como desvelaron en su día RTVC y DIARIO DE AVISOS. Pese al retraso, la principal novedad es positiva porque el tribunal ha rechazado las solicitudes de las defensas para anular la instrucción y ha confirmado así que el juicio tendrá lugar, presumiblemente, desde el día 24 del mes en curso hasta su conclusión, lo que probablemente se producirá en abril.
El monto total de la presunta estafa asciende a 92 millones de euros, lo que da cuenta de la magnitud del caso.
En el banquillo de los acusados por este escándalo está previsto que se sienten hasta seis personas, entre ellas el encausado como principal responsable de esta supuesta estafa piramidal, Santiago Fuentes Jover. Además, también están imputadas varias personas jurídicas, cuyas comunicaciones son precisamente la causa del mencionado retraso.
Fue en el trámite de cuestiones previas cuando el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira Morante, explicó que “han comprobado que no se ha dado traslado de los escritos de acusación a los responsables civiles” —Arbistar bajo varias denominaciones comerciales—, por lo que no pueden defenderse por desconocimiento. Esto lo calificó como “importante” porque, entonces, “no cabe posibilidad de condena”, según información recabada por Europa Press.
Defensas
Respecto a los intentos de las defensas, la del principal encausado, Santiago Fuentes Jover, había solicitado declarar en el juicio en último lugar —algo a lo que no se ha opuesto el tribunal— y ha puesto el foco en que pudo existir una ruptura de la cadena de custodia en determinados volcados de evidencias requisadas en las entradas y registros.
“Las pruebas son ineficaces y no deben ser tenidas en cuenta”, sostuvo, para luego indicar que esto afecta, además, a numerosos informes policiales y periciales que se basan precisamente en esas incautaciones, ya que se ha vulnerado el derecho de las defensas a la contradicción. Tras esto, argumentó que también se debe anular el juicio porque se ha generado indefensión a la mercantil Arbistar, dado que no se le asignó letrado desde el inicio de la causa. También solicitó que decaigan todas las denuncias y querellas de los presuntos afectados por la estafa que no hayan sido ratificadas ante la Audiencia Nacional.
La defensa de otro de los encausados, Diego Felipe Fernández Nojarova, ha solicitado el sobreseimiento libre también en relación con los volcados forenses de dispositivos electrónicos incautados, ya que, según argumenta, ha ocurrido “un flagrante incumplimiento de todos y cada uno de los protocolos forenses existentes”.
El fiscal de la Audiencia Nacional que lleva este asunto, Joaquín González-Herrero, se ha opuesto a las cuestiones previas planteadas por las defensas, pero ha acogido la decisión del tribunal de suspender el juicio hasta el 24 de marzo.
El tribunal ha rechazado anular el juicio basándose en la posible ruptura de la cadena de custodia y ha señalado que, en todo caso, la validez de la prueba se evaluará en la vista oral y se valorará en la sentencia.
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