La vivienda vacacional en Canarias factura una media de 1.033 euros por estancia. Así se desprende de una encuesta efectuada entre los casi 2.000 socios de Ascav, la asociación que agrupa a este subsector en el Archipiélago, que fija la estancia media en este tipo de alojamiento en 7,4 días. La Asociación Canaria de Vivienda Vacacional constata que la demanda de vivienda vacacional es cada vez mayor, tras una ocupación en enero del 93%, después de lograr un 89% y 90% en los meses de noviembre y diciembre, respectivamente.
Además, destaca que el aumento de precios registrado con respecto al año anterior es del 10% y supera la media nacional. Ascav atribuye los buenos datos del subsector a “la constante formación y al empleo de las últimas tecnologías de modulación de precios basada en la inteligencia artificial”, así como al trabajo de la asociación en los diez últimos años; sobre todo, en “el incentivo a la calidad de las viviendas y la prestación de un servicio exquisito, además de fomentar la sostenibilidad y la digitalización”. En cuanto al impacto económico que este modelo alojativo produce en la sociedad canaria, el 89% de las viviendas vacacionales está en manos de pequeños propietarios y la consejería de Turismo lo ha cifrado en 1.700 millones.
Un informe publicado por el Colegio de Economistas de Las Palmas recoge que el gasto de los turistas que se alojan en VV fuera del alojamiento supera el 51%, frente a un 34,85% de los hoteles, lo que “crea más riqueza y economía”.
En este contexto, la consejera autonómica de Turismo y Empleo confirmó este viernes que las sanciones a los propietarios que residen apartamentos turísticos “quedarán suspendidas hasta que se ordenen los usos por los ayuntamientos y se modifiquen las leyes que lo regulan para unificarla en una y responder a las necesidades de los residentes” para hacer uso de ellas, más aún en una “situación de emergencia habitacional”.
A juicio de Jessica de León, “no tiene sentido obligar al propietario a que se vaya con un explotador”, algo que sí “tenía en 1995, cuando se aprobó la Ley de Turismo”. El uso turístico en estas zonas “ha desaparecido” porque sus dueños se han empadronado en los municipios donde están los apartamentos”, argumentó. El Gobierno canario descarta eliminar el principio de unidad explotación que rige la gestión de los complejos de apartamentos, pero dará una salida a los propietarios independientes. Ahora se prohíbe en Canarias utilizar como vivienda un apartamento de un complejo turístico con esa categoría y obliga a todos sus propietarios a confiar su explotación a una misma persona o empresa.
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