El sindicato de enfermería Satse criticó ayer la “grave situación de vulnerabilidad” que, a su juicio, sufren las enfermeras embarazadas que trabajan con contratos cortos de sustitución en el Servicio Canario de la Salud (SCS), pues esta situación afecta a su estabilidad laboral y pone en riesgo su salud y la de su bebé.
La central señala que, cuando una enfermera embarazada solicita la evaluación del servicio de Prevención de Riesgos Laborales para certificar su estado y determinar las adaptaciones necesarias en su puesto de trabajo, se enfrenta a un obstáculo recurrente: antes de que el informe de aptitud sea emitido, termina su contrato, añade el sindicato.
De esta manera, se genera una situación de “constante incertidumbre” ya que, al ser contratada de nuevo, debe comenzar el mismo proceso sin que se tenga en cuenta la evaluación realizada previamente.
Por este motivo, el Satse exige que se establezcan medidas concretas para abordar esta “situación injusta que sufren las profesionales” y, por ello, solicita una evaluación prioritaria y ágil desde el servicio de prevención de riesgos laborales.
También pide el reconocimiento y continuidad de las evaluaciones previas, evitando que el proceso de certificación deba reiniciarse con cada nuevo contrato. “Resulta necesario que se garantice la adaptación del puesto de trabajo desde el primer momento que se detecta la necesidad, sin que quede en un limbo administrativo”, explican.
Juan Trenzado señala que “es inaceptable que las enfermeras embarazadas deban enfrentarse a estas trabas burocráticas que las deja en una situación de indefensión”, pues la falta de atención a sus necesidades no sólo afecta a su bienestar, sino que puede repercutir en la calidad del cuidado que ofrece.
El Satse señala que el 30% de las enfermeras españolas trabaja con contratos temporales, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas, especialmente las que están en estado de gestación.
El sindicato ha ganado numerosas demandas a favor de enfermeras embarazadas que han visto vulnerados sus derechos, pues “su puesto de trabajo conlleva numerosos riesgos, como cortes, pinchazos, riesgos biológicos, movilización de pacientes, manipulación de cargas, posturas forzadas, riesgo derivados del trabajo a turnos e, incluso, agresiones”. De ahí la necesidad de “adaptar el puesto de trabajo” sin que pierdan ningún derecho laboral y, en caso de no ser posible dicha adaptación, que se facilite que “se acoja al permiso por riesgo durante el embarazo”, eliminando las trabas actuales que pone la mutua.
La central pide soluciones para garantizar su protección y el respeto a sus derechos laborales, ya que “su salud y la de sus bebés deben ser una prioridad”.
El SCS tiene como “práctica generalizada la discriminación por embarazo” a aquellas profesionales que no cuentan con plaza fija o de interinidad. Facultativas y doctoras denuncian que han tenido que “ocultar durante meses” sus embarazos para poder prorrogar sus contratos y no quedarse en paro.
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