Ante la evidencia de que el Partido Popular a nivel estatal ha boicoteado sistemáticamente desde hace más de un año cualquier posibilidad de acuerdo para el cumplimiento del mandato constitucional sobre la solidaridad entre los territorios del país en el caso de la acogida de menores migrantes no acompañados, el Gobierno de Canarias elevó ayer de nuevo su postura al respecto y ha exigido al Ejecutivo central que ordene a las comunidades autónomas a cumplir el decreto ley finalmente aprobado al respecto, así como que cumpla lo dispuesto por el Tribunal Supremo entre aquellos que además sean solicitantes de asilo.
De la firmeza de dicha exigencia da cuenta un dato nada baladí, ya que el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, anunció ayer que los servicios jurídicos de la Comunidad respaldarán a los del Estado en los tribunales frente a los recursos presentados ya por otras dos regiones: Murcia y Aragón.
Esta decisión refleja una singular paradoja política, por cuanto el PP es el socio de gobierno de Coalición Canaria en el Archipiélago y, precisamente, sus compañeros peninsulares son los que comandan los ejecutivos madrileño y aragonés, además de otras autonomías que igualmente han figurado en todo momento entre los que se han negado a socorrer a estos menores y a las Islas pese a la crisis humanitaria padecida en Canarias tras el inédito y descomunal aumento derivado de la llamada Ruta Atlántica, especialmente durante 2024.
Cabe recordar que, tras incensantes esfuerzos comandados al alimón por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, finalmente se logró aprobar el pasado 18 de marzo un decreto ley que fija el reparto en dicha acogida bajo criterios tales como población, capacidad económica o número de menores ya acogidos por cada autonomía.
En declaraciones recogidas por Efe, Cabello detalló ayer que fue en el seno del Consejo de Gobierno celebrado justo antes de su comparecencia donde se autorizó a los servicios jurídicos para que respalden al Estado en la defensa de la aplicación de ese decreto, dados los recursos presentados por las comunidades de Madrid y de Aragón, que en ningún caso son suspensivos, o ante la negativa de esta última comunidad a facilitar información, como exige la ley. Esta personación obedece a que Canarias se siente perjudicada por las actuaciones contra el decreto, porque afectan a sus competencias, explicó.
Cabello no dudó en insistir que Canarias está en situación “desesperada y excepcional” al tener que hacerse cargo en solitario de unos 5.600. “La ley esta para cumplirla y quien tiene la obligación de hacerla cumplir es el Gobierno del Estado”, sostuvo.
Sobre las quejas de comunidades peninsulares gobernadas por el PP al entender que los criterios aludidos les perjudican, Cabello fue rotundo al explicar que esos parámetros están en la ley y “hay que aplicar esos criterios” y el que “tiene que obligar y hacer cumplir la ley es el Gobierno del Estado”. Todo ello porque “no es razonable” que si una comunidad incumple sus obligaciones legales sea Canarias quien sufra las consecuencias, concluyó.
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