Un total de 1.482 personas fallecieron en los cinco primeros meses del año intentando llegar en pateras o cayucos a Canarias, una cifra que representa el 80% de todas las que han perdido la vida en embarcaciones con destino a España, según un informe de la ONG Caminando Fronteras. La organización ha analizado 113 tragedias con 1.865 víctimas, de las que 342 eran menores de edad y 112, mujeres. La ruta atlántica sigue siendo la más letal; sobre todo, en los cayucos que parten hacia las Islas desde Mauritania, pero también han perdido la vida personas que salieron hacia Canarias desde Senegal, Gambia, Marruecos o el Sáhara.
Los fallecidos proceden de 22 países; no solo africanos, sino también de Afganistán, Pakistán, Siria o Bangladesh. Hasta 38 embarcaciones desaparecieron con todas las personas a bordo y la mayor parte de las muertes ocurrieron en enero (767) y febrero (618).
La ruta argelina se ha cobrado 328 víctimas mortales; la del Estrecho, 52, y la del mar de Alborán, 3. La primera destaca por la falta de activación temprana de medios de rescate ante las alertas y una falta de protocolos conjuntos ante una débil colaboración internacional con Argelia, algo que es un factor clave en los numerosos casos de desapariciones.
Los investigadores apuntan que casi la mitad de las tragedias analizadas fueron como consecuencia de las políticas de control fronterizo y la degradación de los estándares de protección de la vida en el mar. Sobre la zona del estrecho de Gibraltar, Caminando Fronteras indica que la presencia de cuerpos en avanzado estado de descomposición y sin posibilidad de identificación “dan cuenta del abandono institucional sistemático”. Maleno resalta la importancia de no normalizar estas cifras a pesar del descenso en el número de muertes en relación a 2024, e insta a que los países “protejan la vida de todas las personas por encima de las medidas de control migratorio”. Caminando Fronteras advierte de que muchos casos de deshidratación e inanición podrían evitarse con respuestas más rápidas y coordinadas, y lamenta el enfoque restrictivo adoptado por los servicios de rescate.
Acnur anuncia el cierre de sus oficinas de Melilla y Gran Canaria
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha anunciado el cierre de sus oficinas de Melilla y Las Palmas de Gran Canarias tras los recortes en su financiación. Su portavoz en España, Paula Barrachina, declaró a Europa Press que la organización y la comunidad humanitaria se enfrentan a “graves recortes de financiación”, que afectarán a millones de personas en todo el mundo. Estos ajustes han afectado a la oficina de Acnur en España y a su presencia territorial. Reducirá la capacidad de las de Málaga, Tenerife y Algeciras. “Pero seguiremos tan comprometidos como lo hemos estado siempre y trabajando para apoyar a las personas refugiadas en España y que el impacto sea el menor posible”, garantiza Barrachina.
Aunque el número de desplazados se ha duplicado desde 64,1 millones en 2015, el presupuesto para 2025, de 3.400 millones de dólares, se mantiene “prácticamente igual que hace una década”.
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