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Más de 2.500 millones de la RIC para construir viviendas de alquiler en Canarias

Empresarios y autónomos podrán utilizar la Reserva de Inversiones para invertir en la compra, rehabilitación y construcción de inmuebles para arrendamiento residencial

Promovida por el el comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera, tras más de un año de tramitación en el Congreso, la reforma ha logrado el consenso esperado para dirigir más de 2.500 millones de euros de inversión privada para mitigar la gran crisis de vivienda que padece el Archipiélago. Esta reforma permitirá emplear el instrumento fiscal más potente de las islas, la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), para que empresarios y autónomos inviertan en la adquisición, rehabilitación o construcción de inmuebles para mitigar la crisis habitacional de las islas.

La medida busca hacer frente al grave déficit de viviendas y la escalada de precios de los alquileres en el archipiélago, ofreciendo un incentivo fiscal directo a pymes y autónomos que abre la opción de invertir en vivienda y atender así uno de los problemas de mayor impacto en las economías domésticas de la población de las islas. La propuesta fue presentada formalmente en marzo de 2024. Según datos de la Agencia Tributaria, en la RIC hay alrededor de 2.500 millones de euros del tejido productivo canario pendientes de materializar.

La reforma contempla que los contribuyentes que se acojan a la RIC puedan invertir en inmuebles que serán destinados exclusivamente al alquiler residencial y se prohíbe expresamente su uso turístico o vacacional. Además, se establecen condiciones estrictas como la obligatoriedad de que las viviendas se ofrezcan en régimen de arrendamiento en un plazo máximo de seis meses desde la finalización de las obras de reforma o la adquisición de la propiedad. Según explicó José Ramón Barrera, “Si el inmueble no se alquila en ese plazo, el propietario perderá el beneficio fiscal”. Esta medida incentiva que los precios se ajusten a la capacidad de pago de los inquilinos. Asimismo, se incluyen salvaguardas para garantizar la finalidad social de la medida, como la exigencia de que los arrendatarios no tengan vínculos familiares o societarios con los inversores. El objetivo, sostiene el comisionado, “es ampliar de forma efectiva la oferta habitacional disponible para la ciudadanía canaria”.

La iniciativa del comisionado del REF ha salido adelante con el respaldo de una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, con votos favorables del PP, PSOE y el Grupo Mixto, en el que está integrado Coalición Canaria. José Ramón Barrera destaca que “esta reforma activa recursos de la RIC hacia una de las principales urgencias sociales y económicas de Canarias: el acceso a la vivienda”.

La posibilidad de aplicar la RIC al alquiler residencial no es algo nuevo. Estuvo permitido durante años, hasta que en 2006 se canceló, según explica Barrera, “sobre la falsa creencia de que estaba ejerciendo un efecto negativo sobre los precios, obviando que el alza de precios se estaba produciendo de forma generalizada, en todo el territorio nacional, también donde no se aplicaba ningún incentivo fiscal”.

Asimismo, la modificación aprobada en el Congreso introduce la posibilidad de que los contratos de alquiler vayan acompañados de una opción de compra, permitiendo que, tras un período mínimo de cinco años de arrendamiento, los inquilinos puedan acceder a la compra de la vivienda a un precio pactado previamente.

En cuanto al beneficio fiscal para quienes inviertan en esta modalidad de la RIC, el comisionado recuerda que las empresas y autónomos que destinen sus beneficios a la compra de viviendas para alquiler podrán acogerse a una exención fiscal significativa. “Un contribuyente que destine 100 unidades monetarias a la RIC podrá reducir su base imponible y pagar impuestos sólo sobre 10 unidades en lugar de sobre 100, con un ahorro medio del 25% en el Impuesto sobre Sociedades”, detalla.

La Reserva para Inversiones en Canarias facilita que las pymes, que constituyen un 97% del tejido empresarial local, y los más de 145.000 trabajadores por cuenta propia de las islas obtengan una reducción fiscal de hasta el 90% en el Impuesto de Sociedades y del 80% en el IRPF para que dediquen sus beneficios principalmente a ampliar o modernizar su equipamiento e instalaciones y crear puestos de trabajo.