La diputada del PSOE Elena Máñez acusó ayer al Gobierno canario de provocar una “quiebra” en el sistema público de servicios sociales y de “abandonar institucionalmente” a las personas más vulnerables, especialmente a los menores tutelados por el Ejecutivo autónomo.
Durante una interpelación en el pleno del Parlamento de Canarias de este martes, Máñez ha reprochado a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que en solo dos años haya pasado de ser “una firme defensora del sistema público” a convertirse en “la principal causante del deterioro de las garantías sociales” por su gestión, que ha calificado de “caótica y desorganizada”.
“La situación es grave: hay bebés lactantes en centros de acogida, menores de tres y seis años institucionalizados porque no se hacen campañas de acogida ni se captan familias”, ha denunciado Máñez, quien ha calificado de “indecente” la falta de medidas para impedir estas situaciones.
La diputada socialista ha insistido en que la administración ha mentido a las familias que quieren adoptar, “condenando a los niños a la institucionalización mientras se asegura que no hay menores disponibles”, cuando en realidad, sostiene, “el sistema está colapsado porque solo hay una trabajadora social para realizar las valoraciones de adopción y acogida”.
En el ámbito de la renta ciudadana, Máñez ha aludido a las denuncias de los colegios profesionales sobre expedientes atascados, cobros indebidos y un sistema que obliga a personas vulnerables a devolver ayudas.
También ha cuestionado la gestión del sistema de dependencia, al denunciar la “desaparición de más de 12.000 expedientes” y el falseamiento de datos, lo que, según ha adelantado, provocará una reducción de los fondos estatales para el próximo ejercicio por incumplimiento de los objetivos.
“Los cabildos llevan siete meses sin convenios de dependencia”, añadió.
Delgado, por su parte, defendió que su departamento ha puesto “las bases para transformar estructuralmente los servicios sociales de Canarias”, y calificó de “positivo” el balance de su gestión, aunque ha reconocido que aún hay margen de mejora. “Cuando llegamos, el sistema estaba atascado, con expedientes duplicados y demoras de años. Hoy hay 61.715 personas con derecho reconocido a dependencia, frente a las 44.506 de julio de 2023”, aseguró, y ha señalado que 55.753 de ellas ya cuentan con prestación o servicio concedido.
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