El sindicato sanitario Asamblea7islas y las plataformas de residencias sociosanitarias dignas de Tenerife y Gran Canaria han solicitado comparecer en el Parlamento regional para aportar soluciones a la crítica situación de los servicios sociosanitarios en Canarias fruto de una “errática política” que está saturando los hospitales.
Las dos organizaciones han dirigido un escrito a los siete grupos parlamentarios para que los convoquen a las comisiones parlamentarias de sanidad y de derechos sociales y explicar allí “el lamentable, ineficaz y denigrante funcionamiento de la Ley de Dependencia”, entre otras cuestiones.
El objetivo de la ley, garantizar una vida digna a las personas en situación de dependencia, “lo llevan incumpliendo durante años” y además “miles de solicitantes fallecen antes de recibir la ayuda que les corresponde por derecho”, denuncian. Miles de familias han tenido que abandonar sus trabajos para cuidar a sus seres queridos sin ningún tipo de apoyo institucional y hay una falta de residencias sociosanitarias públicas, con más de 9.000 personas en lista de espera, explican.
Esta “política errática de años en los servicios sociales de Canarias” tiene “consecuencias muy peligrosas para la sanidad pública”, entre ellas 1.000 camas ocupadas por pacientes dados de alta, colapsos en las urgencias, demoras asistenciales y un alto coste económico, según estas organizaciones.
Tales quejas por parte de los profesionales no solo son nuevas, sino que se acentúan con el paso de una legislatura en la que, para colmo, se han vivido situaciones tan chuscas como la manipulación de los datos por parte de la Consejería, como se demostró gracias a los controles del Imserso.
A este respecto, cabe recordar que el anunciado como espectacular aumento en las prestaciones concedidas en las Islas por razones de Dependencia y del que hizo gala el Gobierno de Canarias respecto al balance a 31 de diciembre de 2024 nunca existió, tal y como tuvo que reconocer la propia Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, tras llevarse a cabo un proceso de verificación al cruzar sus datos con los del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España (Imserso).
Fruto del mismo se comprobó que, cuando apenas habían pasado tres meses, desaparecieron nada menos que unas 9.000 de las 16.000 nuevas prestaciones supuestamente concedidas.
Incluso, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hizo de esta falsa mejora una bandera de la bonanza de su gestión durante el reciente Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, cabe suponer que dando por buena la información facilitada desde la citada consejería, si bien asombró días después al restar importancia al tema pese al evidente descrédito político que le supuso.
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