Diario de Avisos/Efe. | El Gobierno de España informó ayer al Ejecutivo canario de que ha procedido a dar de alta a los primeros 827 menores migrantes no acompañados con derecho a asilo en el Sistema de Acogida de Protección Internacional y pasan a ser responsabilidad del conjunto del Estado.
Según detalló el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno isleño, a partir de ahora se irá analizando caso a caso las circunstancias de cada menor para que puedan ser “redistribuidos cuanto antes”, tal y como se ha solicitado desde el Archipiélago.
Con esta resolución, se incorporan a la red estatal de acogida y, por tanto, pasan a estar bajo la responsabilidad del Gobierno central, que tiene la obligación de atenderlos, como dispuso y tuvo que reiterar en sendos autos judiciales el Tribunal Supremo.
La voluntad expresada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, era comenzar las derivaciones de los menores en agosto, si bien el Ejecutivo autonómico espera que, con este “importante paso”, se pueda adelantar ese procedimiento y, de hecho, hoy mismo habrá una reunión del comité de seguimiento creado para tal efecto en el que se empezará a analizar “unitariamente” cada caso.
En cualquier caso, será la Administración General del Estado la que tenga que desarrollar los efectos de la resolución de ayer y detallar los lugares en los que acogerá a estos menores, si bien Canarias apuesta por que salgan de las Islas y se distribuyan por el resto de España, ya que, según Cabello, el Supremo identifica “el hacinamiento” al que se enfrenta Canarias en sus recursos de atención.
Dicho portavoz gubernamental resaltó esta resolución no solo por el hecho de que estos menores pasen a estar en protección internacional, sino porque es “la primera vez en 30 años que se produce” una notificación como esta, “que abre el camino a una nueva forma de relacionarnos con el Estado en materia migratoria”.
Gracias a ser dados de alta en el sistema de acogida estatal, estos menores migrantes no solo podrían ser redistribuidos por todo el territorio español, sino que se les garantizarán también los derechos que les asisten.
Además de estos 827 menores con derecho a protección internacional, Canarias espera que los decretos para el reparto de la acogida del resto de menores migrantes no acompañados -unos 4.300- puedan quedar aprobados este mismo mes.
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