La sesión vespetina del pleno del Congreso de ayer oscureció las posibilidades que se abrían con el decreto antiapagones de que algo así, que en distintas islas de Canarias se ha sufrido en los últimos años, vuelva a suceder. Y no es que lo digan los partidos que respaldaron la medida del Gobierno, sino que las propias eléctricas salieron enseguida a advertir de que los riesgos se incrementarán desde ahora.
El PP, que hasta el último momento escondió sus cartas, pese a que se esperaba que, al menos, se abstuviera para no afrentar a las eléctricas (en otros tiempos tan mimadas por ministros como Montoro), finalmente optó por seguir con su guerra sin cuartel contra Pedro Sánchez y su coalición con Sumar, adheriéndose así a la negativa, con argumentos bien distintos, de Podemos, Vox, UPN, BNG y Junts.
El decreto intentaba reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el ocurrido el 28 de abril. Su derogación por el no de PP, Vox y UPN, pero también de tres socios de investidura: Podemos, BNG y Junts, crea ahora mucha incertidumbre. También se unió el diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Pueyo.
Las reacciones tras esta negativa no tardaron y uno de los primeros fue el ministro de Política Territorial y Memoria Democrático, el canario Ángel Víctor Torres, que lamentó en X la decisión de los conservadores y los perjuicios para Canarias, entre otras cosas porque el decreto incluía medidas concretas para las Islas, aparte de intentar aportar más seguridad al suministro, facilitar el almacenamiento, impulsar el autoconsumo y las instalaciones.
Lacónico, el expresidente regional dijo que “son una rémora”, en referencia a los populares y a los que, en este caso, han antepuesto sus intereses partidistas a los generales.
Entre los grupos que sí apoyaron el decreto estuvieron el de ERC, PNV, Bildu y CC, con una Cristina Valido que, pese a dirigirse expresamente a sus socios en Canarias (el PP), no logró convencerles, por mucho que el diputado por Las Palmas Guillermo Mariscal tratase de justificar la postura de los conservadores. También respaldó el decreto el exministro socialista ahora integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, con lo que el resultado final de la votación deparó 183 votos en contra, 165 a favor y ninguna abstención.
El pasado 28 de abril, la Península Ibérica se quedó sin luz y el Gobierno se comprometió a realizar un informe para evaluar las causas y adoptar medidas para que no se repitiese. Casi dos meses después, el Gobierno concluyó que el apagón se produjo por un problema multifactorial que originó una escalada de sobretensión que ni las empresas eléctricas ni Red Eléctrica pudieron controlar, por lo que presentó un decreto para reforzar la supervisión del sector eléctrico, rebajar en un 80% los peajes a la industria electrointensiva o facilitar la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo.
Sin embargo, las medidas no han sido suficientes para convencer a la mayoría del hemiciclo. Por un lado, las fuerzas de izquierda (Podemos y BNG) desdeñaron ayer el texto porque consideran que está al servicio del “oligopolio” eléctrico. De su lado, PP y Vox dijeron que el apagón de abril fue culpa del Gobierno y que antes de poner en marcha cualquier medida tendría que haber dimisiones.
AVISO DE LAS COMPAÑÍAS
Mientras, la reacción de las empresas de energía renovable tampoco se hizo esperar mucho ayer. La Asociación de Empresas de Energías Renovables APPA Renovables advirtió del incremento de los desequilibrios en el sistema eléctrico por no haberse convalidado el decreto antiapagones. “Con más generación renovable y sin medidas paralelas para estimular la demanda, el mercado eléctrico sufrirá aún más desequilibrios”, avisó la asociación en un comunicado, en el que pronosticó que la llamada “curva de pato” (los precios del mercado mayorista muy bajos o incluso negativos en horas centrales del día con fuertes subidas al anochecer) “se multiplicará en los próximos años”.
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