La asociación Provivienda alertó ayer de que el 99% de las inmobiliarias que operan en España están realizando algún tipo de práctica excluyente a la hora de alquilar viviendas a personas migrantes al aceptar que los titulares les discriminen su acceso, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años. Esta es una de las realidades que se plasman en el informe Se alquila. Racismo inmobiliario.
El director de Provivienda en Canarias, Fernando Rodríguez, expuso que hace unos meses una mujer marroquí residente en Gran Canaria llamó a una inmobiliaria para buscar una vivienda para alquilar. “No obtuvo respuesta, la rechazaron por ser migrante”. Entonces denunció su caso a Provivienda y la inmobiliaria tuvo que indemnizarla por daños morales con 4.000 euros.
Además, debido a esta práctica discriminatoria se consiguió que tuviera preferencia para visitar los inmuebles para arrendar que esta entidad anunció en lo sucesivo. Y su personal aceptó hacer una formación para evitar la xenofobia.
A raíz de este caso, Provivienda hizo un estudio en el que descubrió que un 99% de las inmobiliarias en Canarias aceptan prácticas discriminatorias en el acceso a la vivienda cuando se trata de inmigrantes. “Mediante una metodología de testing realizamos llamadas a cada una de las inmobiliarias haciéndondos pasar como propietarios o propietarias de vivienda y queríamos publicar un anuncio poniendo algún tipo de discriminación de no acceso, por ejemplo, personas con nacionalidades africanas o latinoamericanas, y las inmobiliarias nos aceptaban la publicación de ese tipo de anuncio”.
Rodríguez, que participó en la Jornada por la igualdad y el acceso a mecanismos de protección organizadas por CEAR en Casa África, recalcó que “el alquiler es la única alternativa habitacional para el colectivo migrante”, que no puede acceder a la compra de inmuebles, dado los precios cada vez más altos que se registran en el mercado, y llamó la atención sobre la situación de los menores inmigrantes que dejan de serlo, ya que muchos acaban viviendo en la calle al no encontrar techo.
Discriminación
El coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, denunció que hay “una realidad de discriminación que pasa desapercibida por la infradetección o la infradenuncia” de situaciones que obstaculizan el acceso a derechos a personas migrantes o del colectivo LGTBIQ+, a quienes “se atiende de otra manera”.
Además esta vulnerabilidad en el ámbito inmobiliario, también se puede extrapolar a la sanidad, el acceso al trabajo y, sobre todo, a los menores migrantes que cumplen 18 años que salen de los centros de acogida sin ningún tipo de ayuda. “Y esos niños y menores cuando convierten en adultos hay que prever esa transición a la vida adulta. Tras realizar una inversión siendo menores hay que sacarle provecho, y es cuando hay que acompañarles” inicialmente.
Lorenzo recuerda que no ocurre de la misma manera en los primeros niveles educativos “ya que los niños tienen algo que hacen que el color y la diferencia racial no se vea: esa mente ingenua, abierta, franca, limpia que hace que se relacionen con personas, y no con seres de un color u otro”, y apuntó que “a medida que vamos creciendo, todo se va fastidiando”, y “tenemos una serie de elementos que contaminan nuestra pureza en la relación con las personas”.
Integración
Durante la jornada, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno canario, Elisabet Santana, subrayó que esta región “siempre ha sido un ejemplo de convivencia, acogida y solidaridad”, ya que la diversidad es la que “nos hace fuerte como pueblo, aunque no siempre se valore, por lo que muchas personas siguen sufriendo discriminación”.
Actuar contra ella es el compromiso que el Gobierno canario ha querido plasmar en su Plan de Inmigración y convivencia intercultural 2026-29, pendiente de aprobación, que incluye, entre sus medidas, la obligación de la Administración de “velar por el cumplimiento de derechos en igualdad de trato”.
Admitió que muchos casos de discriminación relacionados con empadronamientos, acceso a la sanidad o a la vivienda, se dan “por desconocimiento” de la persona que atiende al ciudadano que “no sabe qué documentos debe pedir a la persona extranjera para indentificarla”.
Mientras, José Segura, director de Casa África, destacó el empeño en “limpiar el espacio público de mentiras que dificultan la convivencia”.
La Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno canario, cuya titular, María del Carmen de León, anunció la próxima apertura de dos Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos físicas, que reforzarán a la virtual, para una asistencia integral.
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