El presupuesto general del Ayuntamiento de Arona para el ejercicio 2025, así como las cuentas de sus organismos autónomos y de la empresa pública Adesa, fueron publicados ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Con ello, las cuentas municipales entran en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La publicación marca el cierre formal del procedimiento administrativo, aunque el proceso político ha estado rodeado de tensiones.
El presupuesto fue aprobado inicialmente el 13 de mayo y sometido al preceptivo periodo de exposición pública durante quince días hábiles.
Tras ese plazo, se presentaron varias alegaciones. Una de ellas, según consta en el informe complementario emitido, no fue detectada inicialmente debido a un error administrativo, ya que “no tenía asignada unidad o área de destino, lo que impidió que apareciera al aplicar los filtros de revisión correspondientes”.
Una vez detectado el defecto, el presupuesto no se envió al Boletín Oficial, lo que habría supuesto su consolidación definitiva. En su lugar, el expediente fue incluido nuevamente en el orden del día del último pleno ordinario, bajo el epígrafe “acuerdos a adoptar en cuanto a retrotraer las actuaciones del procedimiento de aprobación del presupuesto al momento anterior a la desestimación de las alegaciones”.
Dentro de este expediente sin dictaminar se incluían, entre otros apartados: rechazar la retroacción del expediente para resolver una alegación y, al mismo tiempo, aprobar definitivamente el presupuesto. La propuesta fue rechazada con 13 votos en contra de los grupos de la oposición (PSOE, Más por Arona y Nueva Canarias), que suman mayoría en el pleno.
El grupo de gobierno (PP, CC y Vox) sostiene que, al ser rechazada la retrotracción del expediente, “sigue vigente el acuerdo de aprobación de las cuentas”, ya que el defecto de forma “no llegó a ser subsanado”. Según esta interpretación, refrendada por un informe de Intervención fechado el 27 de junio, la validez del acuerdo plenario no ha sido anulada ni declarada nula por ningún órgano jurisdiccional, por lo que se considera eficaz.
ACCIONES LEGALES
Desde el PSOE, principal grupo de la oposición, han anunciado a este periódico que solicitarán el expediente completo y lo remitirán a los servicios jurídicos para su análisis.
No descartan acciones legales y advierten que “podría tratarse de un caso de prevaricación administrativa”, al considerar que el presupuesto no ha sido aprobado válidamente por el Pleno.
Por su parte, Luis García, portavoz de Más por Arona, también expresó su rechazo al procedimiento: “Es una jugarreta jurídica. El expediente debería haberse dividido en dos. Si uno votaba no, rechazaba tanto la retroacción como el presupuesto. No ha habido claridad”.
García añadió que, si la interpretación jurídica del gobierno es correcta, los 13 concejales de la oposición debieron votar expresamente en contra del presupuesto para “evitar su aprobación por omisión”.
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