Hoy, en 2025, según todos los indicios existentes, estamos instalados en una comprensión y desarrollo del Derecho Administrativo que precisa abandonar la economía como rampa única de análisis y renovar sus fundamentos y su marco teórico pues es patente que a su través no se ha conseguido, ni mucho menos, el grado de desarrollo social que cabría esperar, sobre todo si tenemos en cuenta la potencialidad que tiene la cláusula del Estado social y democrático de derecho, pilar fundamental del ordenamiento europeo.
El Derecho Administrativo no puede esperar, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, a que la economía solucione los problemas de dignidad y de su raíz en cuestiones de equidad, pues no se encuentran ellos entre sus metas ni cometidos específicos. Ya está comprobado que un excelente PBI de ningún modo asegura ni garantiza una justa distribución o apoyo a los sectores sociales más desfavorecidos. Es apremiante, urgente, que, de una vez por todas, la proyección del modelo de Estado social y democrático de derecho, abierto y dinámico, proyecte su luz con toda su intensidad sobre el entero sistema del Derecho Administrativo, hoy todavía enclaustrado en perspectivas tecnoestructurales y en interpretaciones cerradas del interés general.
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