Carril bici: unas risas, pero ¿esto quién lo paga?

Si es que el refranero español nunca falla y, para el caso del carril bici, aplica a la perfección: lo que mal empieza, mal acaba.

El proyecto nace al amparo de una idea aparentemente razonable: convertir el centro de Santa Cruz en una Zona de Bajas Emisiones. Bajo el paraguas de una normativa europea que presionaba para transformar las ciudades con mayor concentración de vehículos a motor en espacios con menos emisiones de dióxido de carbono, el gobierno municipal de Santa Cruz se apresura a subirse al carro. Pero lo hace sin tener en cuenta el contexto: vecinos, parque móvil envejecido, calles estrechas y sin alternativas, comerciantes sin acceso real a zonas de carga y descarga, transporte público insuficiente, etc.

Pero no solo la UE presionó. El Gobierno de España y su Ley española de Cambio Climático obligan a las ciudades con más de 50.000 habitantes a implantar una ZBE, desarrollando la normativa europea. No piensen que fue solo un capricho municipal: no lo fue; fue una obligación muy mal ejecutada.

No era solo lo que ahora se tiene que rectificar: las calles Méndez Núñez y El Pilar, no. Era una red ciclable de casi 19 km, la mayoría en calles (o ciclocalles) donde se circula a una velocidad máxima de 30 km/h y con solo un carril segregado, con la anchura de las calles de Santa Cruz. Claro. Nadie vio venir el problema.

Primero llegaron las pegatinas para identificar los vehículos según su nivel de contaminación. Ahí empezó otro debate: ¿qué hago con mi coche, que tiene 15 años? Los vecinos de la futura ZBE, aterrorizados, repetían a quien quisiera escucharles: «¡No voy a poder aparcar mi coche en mi propia calle!». No estaban en lo cierto, pero ¿quién salió a explicárselo con claridad? Nadie.

Como la alarma social fue relativamente baja, la mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz (CC, PP y la concejala tránsfuga Evelyn Alonso) votó a favor de la llamada «Nueva Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial».

A la carrera y sin una justificación válida —como así se lo hizo saber el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al Ayuntamiento al anular entera la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz— se presenta una memoria que el propio tribunal describe, en la práctica, como un documento genérico que podría servir para cualquier ordenanza.

Aun así, se piden los fondos dentro del marco de la financiación Next Generation, aquel gran fondo europeo de recuperación tras la pandemia de la COVID-19 pensado para reactivar la economía de los Estados miembros de la Unión. El proyecto se aprueba y se licita un gasto de 1,7 millones de euros.

El TSJC ordena paralizar las obras, a lo que el Ayuntamiento responde que presentará los recursos necesarios que, posteriormente, retirará por carecer de base jurídica suficiente. En ese momento el consistorio reconoce la ejecución de un 90 % —según palabras del alcalde— del proyecto que ya estaría ejecutado, con las molestias que esto ocasiona no solo a las arcas municipales, sino también a los trabajadores, vecinos y visitantes de la zona, a los que se les hizo la movilidad más complicada. La cabezonería de los mandatarios municipales ha llevado a que la paralización se aplique con un porcentaje elevadísimo de la obra ya desarrollada. Se escuchaba por los pasillos y los «callejones» de Santa Cruz que esto no lo para nadie y, fíjate tú, que sí. Que se paró. Pero ya el dinero voló o, mejor dicho, se enterró.

Los vecinos, organizados en la asociación El Perenquén, presentan el recurso que ha acabado frenando este sinsentido. Pero el gasto ya está hecho, y desde hace tiempo.

Mientras tanto, los vecinos vieron cómo, de manera progresiva y casi con nocturnidad y alevosía, iban desapareciendo aparcamientos en las calles por donde debía discurrir el carril bici y en las aledañas. Todavía estoy esperando a que alguien explique qué necesidad había de una nueva plaza peatonal a cincuenta metros, en línea recta, de la plaza Weyler. La construcción de la plaza de las Milicias Canarias (La del Orche) se llevó por delante una zona de aparcamiento necesaria para comerciantes, vecinos y trabajadores que, de la noche a la mañana, vieron cómo la calle 25 de Julio perdía plazas al mismo ritmo que el grupo de gobierno perdía recursos en los tribunales de justicia.

Nada de esto fue suficiente para frenar al equipo del alcalde Bermúdez que, empeñado en pasar a la historia por “hacer algo” —piensen ustedes en los proyectos que quedarán para la posteridad auspiciados por los diferentes gobiernos de Coalición Canaria encabezados, nunca mejor dicho, por él— corre el riesgo de pasar a la historia precisamente por lo contrario: por no hacerlo.

Porque de eso va gobernar: de tomar decisiones con dinero que no es tuyo como si lo fuera. Y aquí no hablamos solo de un error técnico, sino de una forma de hacer política en la que nadie asume responsabilidades cuando las cosas salen mal. No dimite nadie, no se depuran responsabilidades, no se pide perdón. Se levanta la obra, se cambian cuatro pilonas de sitio y a otra cosa. Como si 1,7 millones, el tiempo perdido y la paciencia de los vecinos fueran un daño colateral sin importancia.

La pregunta del título no escondía un enigma de difícil resolución. Espero que no te hayas sentido engañada o engañado, porque estaba claro, ¿no? Esto lo pagas tú, y yo. Los fondos europeos son dinero público que se ha gastado en una obra que se ha demostrado innecesaria, pero es que, además del coste de la obra, existe lo que se conoce como el coste de oportunidad. Esos 1,7 millones se podían haber empleado de una manera eficaz en mejorar la movilidad con acciones realizables, no con empecinamientos que son más de don Erre que Erre que de un gobernante del siglo XXI.